Ruta de Retornos y Reubicaciones Individual

El articulo 28 la ley 1448 de 2011 enuncia los derechos esenciales de las víctimas del conflicto armado, los cuales funcionan como criterios orientadores para la construcción de una política pública de reparación integral que garantice la consolidación de condiciones de vida digna de sus beneficiarios. Uno de los derechos contemplados en este marco normativo es el “Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional”.

En virtud de lo anterior es posible observar que la política pública de reparación integral dirigida a las víctimas del desplazamiento forzado contempla como una de sus estrategias fundamentales la implementación de procesos de retorno al lugar de origen y/o reubicación en otras zonas del territorio nacional donde se cuente con redes de apoyo; esta medida de reparación busca facilitar la superación de la condición de vulnerabilidad y garantizar la estabilización socioeconómica de cada hogar.

Estos procesos de retorno o reubicación familiar acompañados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deben cumplir con tres (3) principios o requisitos, los cuales aseguran su ejecución y sostenimiento:

  • Voluntariedad: es el acto mediante el cual la persona manifiesta libremente su decisión de retornar o reubicarse con pleno conocimiento de las condiciones en que se encuentra el lugar de destino.
  • Seguridad: son las condiciones que debe tener el lugar al cual las personas solicitan la reubicación o el retorno y que garantizan su integridad física, así como de la propiedad y de los modos de vida necesarios que promuevan la integración y estabilización socioeconómica.
  • Dignidad: implica la restitución de los derechos vulnerados, asegurando el acceso efectivo a los planes, programas y proyectos orientados a la atención integral de las víctimas, con el fin de contribuir al goce efectivo de los derechos.

¿Qué se tramita o qué servicio se presta? 

Se tramita el acompañamiento por parte del SNARIV a procesos de retornos y reubicaciones individuales o familiares, entendidos éstos como medidas de reparación a víctimas del desplazamiento forzado. La reparación integral dirigida a las víctimas del desplazamiento forzado contempla como una de sus estrategias fundamentales la implementación de procesos de retorno al lugar de origen (Mismo predio) y/o reubicación en otras zonas del territorio nacional donde se cuente con redes de apoyo; esta medida de reparación busca facilitar la superación de la condición de vulnerabilidad y garantizar la estabilización socioeconómica de cada hogar.

¿A quién está dirigido?

Población Víctima de desplazamiento forzado

¿Cuándo se hace? 

La población víctima del desplazamiento forzado puede acceder a la ruta de retornos y reubicaciones de manera voluntaria, en cualquier momento del desplazamiento, siempre y cuando esté incluida en el registro y no haya tramitado previamente el proceso de Retorno y Reubicación.

¿Cómo se tramita o se presta el servicio?

  1. Orientación general sobre el proceso retorno o reubicación: Consiste en recibir la información clara y pertinente sobre el alcance del programa, beneficios, estrategias de atención y procedimientos. En esta etapa el solicitante logra tomar una decisión autónoma e informada sobre el retorno o la reubicación, teniendo en cuenta la opción más adecuada para la reconstrucción del proyecto de vida.
  2. Verificación de principios de seguridad y dignidad: El profesional responsable del caso requiere un concepto de seguridad a las autoridades competentes y valida la oferta institucional del municipio receptor, con el fin prevenir la ocurrencia de nuevos hechos victimizantes y asegurar el acceso efectivo de los solicitantes a los diferentes programas y planes de atención integral. Una vez se confirma que existen condiciones de seguridad y dignidad se firma acta de voluntariedad y aprobación del proceso de acompañamiento del retorno o la reubicación por parte de la UARIV.
  3. Programación de recursos complementarios: durante esta etapa se realiza la solicitud de recursos complementarios para apoyar el transporte y traslado de enseres del grupo familiar, el cual equivale a un monto de hasta 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes y se asigna por una sola vez a cada grupo familiar beneficiario incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV), de conformidad con las disposiciones del artículo 120 del Decreto 4800 de 2011.
  4. Construcción plan retorno o reubicación: una vez el hogar se traslada al municipio receptor se debe contactar con el profesional de retornos y reubicaciones, quien realizará un diagnóstico integral sobre las condiciones de vida actuales del hogar. Igualmente, podrá solicitar la ayuda humanitaria priorizada para población retornada y reubicada, en caso de no haber superado las carencias mínimas básicas.
  5. Integración oferta institucional y seguimiento: el profesional de retornos y reubicaciones solicita el acceso inmediato o el traslado a los programas que conforman las acciones de la oferta institucional y realiza un seguimiento periódico de cada caso.

¿Dónde se tramita o se presta el servicio? 

Puntos de atención de la Unidad para las Víctimas en todas las ciudades capitales del país, en los horarios establecidos y oficinas del Ministerio Público.

Tenga en cuenta:

El trámite de la ruta de acompañamiento no tiene costo y es atendida directamente por parte de los enlaces de Retornos y Reubicaciones Individual sin ninguna clase de requisito adicional.

Si requiere información adicional comuníquese con las líneas telefónicas de atención de la Unidad en Bogotá 4261111 y línea gratuita Nacional 018000911119.

Normatividad

Artículo 66 Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. 
Capítulo II Decreto 4800 de 2011 - Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.

Tiempo máximo de respuesta: 

2 meses