Patricia Tobón Yagarí
Patricia Tobón Yagarí es una lideresa social indígena de la etnia embera-chamí y abogada defensora de los derechos territoriales, especialmente, de las comunidades afectadas por el conflicto armado colombiano.
Biografía
Nacida en el Resguardo Indígena Karmata Rúa, situado al suroccidente de Medellín, cercano a los límites con el departamento de Caldas, y hablante de las dos variedades dialectales del embera, su labor como abanderada de los derechos naturales de los pueblos y comunidades étnicas impactadas por el conflicto armado interno colombiano fue, sin querer, trazada desde su infancia.
Su madre, una autoridad indígena y lideresa social, y su padre, también líder social y defensor de los derechos humanos, quienes empeñaron su vida al servicio del trabajo comunitario, fueron los anzuelos para sumergirse en el drama de los pueblos étnicos en el territorio.
Con la abnegación en su ADN comenzó a trabajar su futuro desde muy joven con las autoridades étnicas y participar del movimiento social indígena y afro.
Estudió Derecho en la Universidad de Antioquia mientras colaboraba con autoridades indígenas, empeño que le valió su reconocimiento y le permitió, posteriormente, trabajar muchos años en la región del Pacífico colombiano, especialmente en las poblaciones del departamento del Chocó y de los ríos aledaños al puerto de Buenaventura. Del mismo modo trabajó en otras geografías como La Guajira y el Guaviare, donde abogó por la defensa de la protección de los derechos territoriales y el fortalecimiento de capacidades organizativas para el control territorial en regiones afectadas por el conflicto armado, ideales que enarboló también en la Organización Nacional Indígena de Colombia a través de la consejería de territorios y de las acciones jurídicas de protección de los derechos de esas comunidades.
En este quehacer fueron muchas las crisis humanitarias atendidas: acompañamiento a comunidades desalojadas de sus territorios y labores de prevención para evitar el desplazamiento de otras; labores que realizó, la mayoría de las veces, con las autoridades indígenas o afros, la Iglesia y con órganos o entidades responsables de atender a la población afectada.
Tobón Yagarí también es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y máster en Derecho Internacional con énfasis en Derecho Internacional Público, alcanzado en la misma universidad. Además, presenta una formación con enfoque en derechos étnicos territoriales, muy manifiesta a lo largo de su hoja de vida, construida a partir de la defensa de los territorios en litigios como apoderada de las comunidades víctimas afectadas por el despojo de sus tierras y en la atención de su vulnerabilidad por causas humanitarias, a lo que se suma su conocimiento de las causas del pueblo rrom y del campesino.
Respondiendo a ese deseo
Con el discurrir de experiencias, Patricia Tobón Yagarí también trabajó durante ocho años en la Consultoría para Derechos Humanos y el Desplazamiento, haciendo seguimiento al cumplimiento de las sentencias que ordenaban las diferentes instancias judiciales con la intención de verificar su efectiva ejecución, lo que la obligó a trasladarse a los territorios, donde mediante el diálogo con las comunidades étnicas corroboraba los informes de las entidades responsables.
Ayudó también en los procesos de concertación entre los pueblos indígenas y el Estado colombiano mediante la elaboración, como abogada, de las propuestas normativas que estos pueblos proponían al Gobierno.
Por otro lado, coordinó el Observatorio Jurídico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), labor en la cual se encargó de documentar casos y presentar informes internacionales sobre la afectación de los derechos territoriales, la consulta y el consentimiento previo libre e informado y el derecho al desarrollo diferenciado de los pueblos indígenas de los países de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia ante diferentes instancias internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas.
Tobón Yagarí también se ha desempeñado como consultora del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) para promover acciones contra la erradicación de la mutilación genital femenina, así como la erradicación de prácticas nocivas contra la salud de las mujeres y niñas indígenas en Colombia con las instituciones del Estado Colombiano y los pueblos indígenas.
Hacia el 2014, coordinó la consulta del Plan Nacional de Desarrollo en el componente indígena y la construcción de las propuestas a negociar, logrando que por primera vez se crearan acuerdos e indicadores específicos para esta población. También elaboró informes de seguimiento sobre los avances de la política de restitución de tierras a la Corte Constitucional, así como la formación de jueces de restitución de tierras y autoridades étnicas en Colombia.
Su trayectoria le valió ser la delegada por los pueblos indígenas y afros para los diálogos de La Habana, responsabilidad que no se redujo a llevar la propuesta: también exhibió el propósito de ser la negociadora y redactora del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Para 2019 recibió la orden al mérito Universitario Francisco Antonio Zea de la Universidad de Antioquia por su defensa de los derechos humanos.
Estas mismas organizaciones que la exaltaron con su confianza para este hecho tan significativo en la historia de Colombia, nuevamente expresaron su fe en su convicción y la propusieron para formar parte de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, organismo transitorio y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con la obligación de investigar, esclarecer e informar a la sociedad sobre lo sucedido en el ámbito del conflicto interno colombiano.
La labor de la Comisión de la Verdad despuntó por lograr lo que muchas entidades históricamente no habían alcanzado: obtener acuerdos de trabajo con las comunidades étnicas.
Si bien para muchas personas el mecanismo de la consulta previa es un quebradero de cabeza, esta instancia para Tobón Yagarí, dada su experiencia, fue la oportunidad de hacer acuerdos de trabajo, de avanzar en pedagogías conjuntas, de entender realidades rurales y étnicas, metodologías y situaciones que, sobre todo, las instituciones nacionales no comprenden, hechos que posibilitaron que la Comisión de la Verdad, en medio de sus posibilidades, se adecuara para atender una ruralidad con unas especificidades diferentes del resto de la territorialidad.
Lo anterior no es un hecho menor dado el olvido histórico que las comunidades no centralizadas han sufrido. Un valor similar adquirió la transformación humana e institucional cuando Tobón Yagarí logró nombrar funcionarios públicos, tanto étnicos y no étnicos, sensibilizados y con una comprensión sobre lo étnico muy distinta.
No obstante este alcance, la relevancia de Tobón Yagarí traspasó las fronteras étnicas al ofrecer una perspectiva territorial humana real, que permite distinguir dos colombias: la urbana, que ha visto los problemas rurales de una manera distinta y la rural, de la que ella proviene, que vive y que tiene una situación y, por ello, unas propuestas distintas, lo que según Tobón Yagarí fue quizás su mayor aporte a la Comisión de la Verdad.
Desde agosto de 2022, Patricia Tobón Yagarí dirige la Unidad para las Víctimas, entidad fundada a partir de la creación de la Ley 1448 y los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011, que buscan atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado interno colombiano, un hito sin precedentes en el mundo por la implementación de esta Política Pública de Víctimas en momentos en que el conflicto todavía no ha finalizado en Colombia.
