En respuesta a una solicitud hecha por diferentes organizaciones de la sociedad civil sobre los obstáculos y retos que enfrenta la Ley 1448 de 2011 tras casi doce años de su expedición, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los avances y desafíos en la implementación de esta política pública. También, expuso las estrategias que ha puesto en marcha el Gobierno nacional para conseguir más recursos y garantizar que quienes han padecido el conflicto armado puedan acceder, efectivamente, a sus derechos a la atención y reparación.
La directora abordó estos temas en medio de una audiencia temática sobre el derecho a la reparación integral de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia desarrollada este martes en Washington, Estados Unidos, y en la que también participaron delegados del Ministerio de Justicia y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta sesión se dio en el marco del periodo número 189 de sesiones de la CIDH.
La audiencia temática fue solicitada por las organizaciones integrantes de las alianzas GPAZ y Cinco Claves, con el objetivo de escuchar a los representantes de las instituciones del Estado colombiano y para que la CIDH formule recomendaciones para garantizar el cumplimiento a la reparación efectiva a las víctimas en el país.
¿Cuáles fueron las observaciones de las organizaciones?
En el espacio, las y los representantes de las organizaciones expresaron sus observaciones respecto a las dificultades que ha tenido el Estado colombiano para la implementación de la Ley de Víctimas desde su expedición. Entre ellas, el rezago en el pago de las indemnizaciones administrativas a víctimas debido al déficit presupuestal. Esta situación ha sido advertida anteriormente por la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí.
“Es urgente una respuesta para cumplir esas indemnizaciones y mientras esto se cumple, es importante que las víctimas puedan ver materializadas las otras medidas, como la rehabilitación, satisfacción, restitución, memoria y no repetición”, expresó Viviana Rodríguez Peña, abogada y representante de las organizaciones solicitantes.
Las y los representantes también manifestaron sus opiniones respecto a temas como la necesidad de ampliar el concepto de víctima y su aplicación en casos específicos como las personas que fueron reclutadas y que se desmovilizaron siendo mayores de edad, algo que actualmente no contempla la ley. Asimismo, expusieron sus sugerencias sobre la importancia de articular el Acuerdo Final de Paz y la Ley 1448 de 2011 y la materialización de los estándares respecto a la reparación transformadora con enfoque de género.
El camino a hacer una política más garantista
Tras escuchar las sugerencias y observaciones de las organizaciones de la sociedad civil, la directora de la Unidad aseguró que, con el fin de superar esos obstáculos, contribuir a la superación de los rezagos y hacer la política más garantista, el Gobierno nacional ha adelantado diferentes acciones como el proyecto de reforma a la Ley de Víctimas, que cursa su trámite en el Congreso de la República.
Tobón Yagarí aseguró que en el Gobierno del Cambio se ha aumentado el presupuesto, lo que ha permitido la indemnización más alta en la historia de la política pública. Sin embargo, reiteró la necesidad de que se avance con el debate legislativo para poder articular la política pública de víctimas con el Acuerdo Final de Paz del 2016, responder a las necesidades actuales de las víctimas del conflicto armado y buscar más fuentes de financiación para acelerar los pagos de las indemnizaciones y adelantar las otras medidas de atención y reparación.
“La fuente de financiación es la solución real y eficiente para las demandas de reparación que exigen hoy las más de nueves millones de víctimas. Esto pasa por una discusión nacional y se debe reglamentar y discutir en el Congreso una Ley de Víctimas que esté acorde con la mirada del Punto 5 del Acuerdo de Paz. Tenemos que dar esta discusión alrededor de la reparación y la centralidad de las víctimas, con el foco en los territorios priorizados para la paz”, resaltó la funcionaria.
En ese sentido, resaltó que la Unidad para las Víctimas también adelanta una mesa de trabajo para establecer cómo se pueden articular los planes integrales de reparación colectiva establecidos en la Ley de Víctimas con medidas implementadas en el Acuerdo de Paz como los TOAR (trabajos, obras o actividades con contenido reparador- restaurador).
Temas destacados
Respecto a la preocupación de las organizaciones porque la Ley 1448 sea una política más garantista, la directora de la Unidad señaló que el proyecto de ley propone superar las barreras de acceso al registro y ampliar el concepto de víctima: “Esta iniciativa propone adoptar un enfoque de género y diferencial más garantista, amplía la definición de víctima incluyendo a excombatientes que hayan dejado las armas y que hubieran sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario estando en las filas”.
Además, indicó que, en atención a los delitos de violencia intrafilas, incluida la sexual y reproductiva, la Unidad para las Víctimas se encuentra revisando aquellas barreras jurídicas y técnicas que limitan su reconocimiento en el Registro.
Por último, insistió en que el Gobierno seguirá trabajando por y para las víctimas y que el proyecto de ley “está en un debate público y abierto con la sociedad civil y en democracia debe ser debatido en el Congreso y después consultados con los pueblos étnicos para ser adecuados en materia de enfoques diferenciales en los territorios”.
