Indígenas de Ituango identifican daños del conflicto armado para trazar su reparación colectiva

Tras sufrir múltiples hechos victimizantes contra su población, territorio y cultura, la comunidad del resguardo Jaidukamá, en Ituango, Antioauia, validó la fase de caracterización y se alista para formular un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC).

Los más de 400 indígenas del resguardo Jaidukamá se alistan para diseñar un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) de los daños del conflicto armado que los alcanzaron en las apartadas montañas de Ituango, Antioquia, al igual que las actuales amenazas a su territorio, comunidad y tradiciones.

Tras varias jornadas y ejercicios de retrospección, caracterizaron casi 25 años de hechos victimizantes y afectaciones sociales, económicas, culturales y al Gobierno propio por la disputa violenta entre la antigua guerrilla de las Farc-EP y las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC). Además, la intimidación de nuevos grupos y disidencias que permanecen en esta zona del norte del departamento.

Según el diagnóstico logrado con la Unidad para las Víctimas, las y los indígenas Emberá Katío Eyábida, que significa “habitantes de la montaña”, sufrieron la perdida de familiares por asesinatos, muertes por minas antipersonal, desplazamientos, secuestros, confinamientos, pérdida de bienes y amenazas. 

Leonardo Domicó, uno de los líderes de esta comunidad, lamenta que desde el año 2000 “somos víctimas de la violencia, hubo muchos sufrimientos, muertos y tuvimos que desplazarnos (año 2021) y perder cultivos, animales, artesanías y nuestra identidad”.

Por eso, en las miradas y los rostros maquillados de hombres y mujeres se refleja el temor por los peligros que los asechan en uno de los resguardos más apartados de Antioquia, con más de 1.371 hectáreas y a donde se llega después de un recorrido por trocha desde Ituango al corregimiento La Granja y, desde allí, 10 horas de un largo camino en mula cruzando valles, altas montañas con escarpados peñascos y ríos.

“Por las minas antipersonal no hay tranquilad para movilizarse en las montañas a conseguir material para las artesanías, ni cultivar la comida o salir de cacería o pesca como antes”, relató Leonardo sobre las consecuencias de la disputa entre los grupos armados.

Por su parte, las mujeres temen caminar en busca de bejucos para elaborar las artesanías y canastos que vendían en Ituango y municipios cercanos y que aportaban a la economía de las familias.

Los jaibanás, curanderos y guías espirituales, también están restringidos para llegar a los sitios sagrados y realizar sus rituales en nacimientos de ríos, quebradas y las montañas altas, entre otros lugares.

“Estamos muy limitados y en riesgo de perder nuestra cultura, por eso necesitamos que se haga un desminado en nuestros territorios para tener un buen vivir”, reclama Fabián Domicó, el gobernador del resguardo.

Proceso reparador con enfoque étnico

Tras aceptar emprender el programa de reparación colectiva a cargo de la Unidad para las Víctimas, las y los indígenas Emberá esperan concertar soluciones a necesidades como el mejoramiento de sus viviendas, salud, educación, seguridad alimentaria y proyectos productivos. 

Leonardo Domicó expresó: “Lo que queremos es que la reparación colectiva mejore la calidad de vida, que haya más seguridad y que no haya más conflicto y más minas en este territorio. Que podamos disfrutar las riquezas de nuestras tierras y conservar nuestra identidad propia”.

En ese mismo sentido, la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño, destacó: “La reparación se deberá hacer con un enfoque diferencial étnico y con medidas concertadas con la comunidad indígena para restituir los derechos vulnerados y mejorar sus condiciones de vida, pero considerando sus tradiciones y cultura”.

En Antioquia, la entidad prioriza para su reparación colectiva a 78 comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas, población LGBTIQ+ y organizaciones sociales afectadas por la violencia. En Ituango se implementan tres planes con las víctimas de los corregimientos El Aro, La Granja y Santa Lucía.

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.