Que las capacidades de las mujeres víctimas del conflicto armado para la garantía de sus derechos a la reparación y la participación sean fortalecidas, es el compromiso de la Unidad para las Víctimas en el avance del Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad 2024-2034. Este proceso es impulsado por el Gobierno del Cambio y pretende beneficiar a las mujeres en todas sus diversidades para una vida digna y libre de violencias.
Así lo aseguró la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, luego de participar en una mesa de trabajo junto con la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, y otras directoras y directores de entidades del Gobierno nacional. El espacio tuvo como objetivo concretar el plan en su última versión y proyectar las metas y los presupuestos de cada una de las instituciones.
“Desde la Unidad para las Víctimas estamos supremamente comprometidos en sacar esta agenda adelante. Trabajaremos en la articulación interinstitucional y de nación-territorio para priorizar las acciones y los presupuestos dirigidos al cumplimiento de este compromiso en favor de las mujeres víctimas del conflicto armado”, enfatizó Solano tras indicar que, a la fecha, hay cerca de cinco millones de mujeres incluidas en el Registro Único de Víctimas (4.889.870).
Además, la funcionaria indicó que esta es una oportunidad para reconocer a las mujeres como un sujeto político y de interlocución: “Queremos honrar la decisión de las mujeres de convertirse en lideresas por la paz, la seguridad y el desarrollo y la justicia”.
¿De qué trata el Plan de Acción?
El Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad ha sido impulsado por este Gobierno del Cambio desde octubre de 2022 con la participación de más de 1.500 mujeres en todas sus diversidades. Lo anterior, con el fin de responder a la deuda histórica y al desafío establecido en la Resolución1325, la cual fue aprobada hace 23 años por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Dicha resolución fue la primera en reconocer el impacto diferencial y desproporcionado que ha tenido el conflicto armado y las violencias sistemáticas en las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas.
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Además, insta a los Estados a promover la participación significativa de las mujeres en todos los aspectos de la paz y la seguridad, que sean agentes y lideresas y puedan disfrutar de una vida autónoma, en paz, libre de discriminación, desigualdad y violencia.
