Escudo de Colombia y texto de la Unidad para las Víctimas

Unidad para las Víctimas presenta a los líderes de las y los Emberá asentados en Bogotá una propuesta para que la ruta de retorno sea sostenible en el tiempo

Tras verificar el censo, en el que la entidad identificó a 857 familias indígenas en la capital, el siguiente paso es socializar el plan de trabajo con ellas para que decidan quienes tienen la voluntad de retornar y qué condiciones brindan los resguardos a los que retornarían.

Este miércoles, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior realizaron una nueva Mesa Interinstitucional con líderes de las comunidades Emberá asentadas en Bogotá para presentarles la propuesta de ruta de retorno sostenible en el tiempo para los resguardos ubicados en Risaralda y Chocó.

La intención de este plan de trabajo, concertado con las entidades responsables de brindar oferta social a las personas que regresen, busca contar con las garantías suficientes para que las familias puedan vivir de una forma digna en sus territorios.

Por este motivo, en el espacio participaron las instituciones que adquirieron compromisos con la población Emberá, entre ellas: Ministerio de Vivienda, Ministerio de Minas, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Transporte e Invías, Ministerio de Agricultura, y el Departamento de Prosperidad Social.

Todas ellas expusieron sus responsabilidades, como por ejemplo la que tiene Invías de iniciar en julio de 2025 la construcción de un kilómetro de placa huella que comunique a Bagadó, Zona 1 Conondo y Santa Cecilia, lugares ubicados entre Risaralda y Chocó.

En ese contexto, la Unidad para las Víctimas presentó a los líderes de las familias Emberá asentadas en la capital la apuesta de establecer un plan de retorno más integral en el que participen efectivamente todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), y que cuente con la participación activa de las comunidades Emberá, tanto de quienes vuelven a los resguardos Alto Andágueda, Gito Dokabú y Chamí Unificado, y Peña del Olvido, como de todas aquellas que reciben a las retornadas.

Los resultados del censo entregado a principios de mayo fue el primer paso de esta apuesta. El censo de la población, en manos de la Unidad para las Víctimas, arrojó 857 familias (2.183 personas en total) asentadas en cinco zonas: Parque Nacional, UPI La Rioja, UPI La Florida, albergue el Buen Samaritano, y Ciudad Bolívar.

En la Mesa Interinstitucional de este miércoles, las comunidades y las demás entidades involucradas acordaron adoptar el plan de trabajo propuesto por la Unidad para las Víctimas. El siguiente paso es socializarlo con las comunidades asentadas en Bogotá, e involucrar cabalmente a las alcaldías y gobernaciones de Risaralda y Chocó.

Posterior a esto se realizaría un diagnóstico del territorio. Para esto, la Unidad para las Víctimas y las otras entidades del SNARIV deberán viajar al resguardo e inspeccionar, junto con las comunidades, las condiciones de vivienda, vías, alimentación, y seguridad, entre otros ítems, para garantizar el regreso de las familias, a la par que las entidades avanzan y cumplen con sus compromisos.

Al final de la reunión, los líderes Emberá solicitaron una mesa técnica para hacerle seguimiento al compromiso de solución de vivienda que debe proponer el Ministerio de Vivienda y en el que debe considerar aspectos como el acceso al suelo y la inclusión de usos y costumbres de hábitat de las familias indígenas. Se espera que la próxima Mesa Interinstitucional se realice la segunda semana de junio y se aborde el tema de la reubicación de quienes no desean retornar a los resguardos.