Este lunes se realizó la sexta audiencia pública sobre la reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La sesión fue en Puerto Asís, Putumayo, y contó con la participación de más de 120 personas.
En Putumayo hay una de las tasas más altas de víctimas del conflicto armado en el país. De los 348.182 putumayenses, según el más reciente censo del DANE, 159.966 sufrieron las consecuencias de la guerra. Casi la mitad de su población. Por eso se decidió realizar allí una de las ocho audiencias públicas para la reforma a la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). La sesión se adelantó este lunes 11 de marzo en el Auditorio Centenario del municipio de Puerto Asís, que reunió a unas 120 personas en torno a las preocupaciones y sugerencias de las víctimas para el trámite del proyecto de ley.
La sesión la protagonizaron 25 víctimas, que durante unas cuatro horas expusieron situaciones personales y colectivas, así como sus agradecimientos por realizar el espacio en el departamento y observaciones para el trámite del proyecto de ley que empezaría formalmente a finales de este mes. Los congresistas locales Carlos Ardila y Andrés Cancimance, y los representantes Óscar Hernán Sánchez, presidente de la Comisión Primera, y James Mosquera, coordinador ponente del proyecto de ley, instalaron la audiencia que contó con la participación de la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí.
Esta fue la sexta de ocho audiencias públicas programadas para enriquecer la discusión sobre la reforma a la ley que rige la reparación de las víctimas del conflicto armado. Así, uno de los temas que con mayor recurrencia mencionaron las víctimas fueron las demoras en las indemnizaciones y la falta de presupuesto para adelantar estos procesos que, en el caso de algunas personas que intervinieron, supera la década de espera.
En muchas de las intervenciones se escucharon propuestas relacionadas con la búsqueda de mecanismos de financiación, que justamente es una de las principales apuestas que propuso el Gobierno para esta reforma. “Como lo propone el proyecto, encontrar la fuente de financiación es encontrar una de las fórmulas efectivas para avanzar en la reparación a las víctimas, superar el rezago y atender los territorios y poblaciones más afectadas”, aseguró la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí.
En su intervención, la funcionaria hizo también una especie de balance sobre la situación de las víctimas en el departamento, resaltando que hay 43 sujetos de reparación, 37 de estos en zonas PDET, con los que se espera avanzar en este cuatrienio. Además, destacó que incluir y aplicar el enfoque de género en la atención y reparación es otro de los temas que han pedido revisar en varias de las audiencias. Por eso, afirmó que se trabajará en “tener un enfoque especial en mujeres y poder mirar cómo queda el tema urbano y el rural”.
Por otro lado, entre las sugerencias que hicieron las víctimas estuvo la revisión de temas estructurales como las garantías de educación, salud y vivienda, entre otros derechos. Así lo resumió Aida Nelly Ledezma, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Putumayo, quien indicó que “nosotros no solo hablamos de indemnización, hablamos de reparación integral. Eso es lo que necesitamos, con muchos componentes como la vivienda. Como todos sabemos, Putumayo es un departamento de alta complejidad. Por eso nos encontramos en esas circunstancias de agudización del conflicto”.
Al respecto, y condensando las solicitudes que hicieron varias víctimas, la directora explicó el enfoque de soluciones duraderas que dispone Naciones Unidas para las más de 7 millones de víctimas de desplazamiento que no han regresado y con las que, según este concepto, se debe trabajar más que en retornos, en reintegración local. “La idea es trabajar el enfoque de soluciones duraderas para atender a los desplazados, porque la indemnización no los saca de pobres y no los ayuda a acceder a derechos. Esa población debe avanzar. Eso lo hacemos tanto en obligaciones locales, departamentales y a nivel nacional”, confirmó la directora.
Aunque son muchos los asuntos que se solicitan resolver, Tobón Yagarí indicó que la actualización a la Ley de Víctimas para hacerla acorde a las necesidades actuales “es el legado más grande de justicia social que le podría dejar el Congreso a las Víctimas del conflicto armado”.
Temas recomendados
La serie de audiencias públicas continuará el próximo viernes 15 de marzo en Popayán, Cauca. El sábado se realizará una audiencia virtual con líderes y organizaciones de víctimas en el exterior, y la próxima semana se llevará a cabo la audiencia final en el Congreso. Luego de esto, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se presentará la ponencia para dar inicio formal al trámite legislativo. Para que el proyecto sea aprobado se requieren cuatro debates (dos en Cámara y dos en Senado).
Resaltar el poder transformador de las víctimas del conflicto armado es una de las apuestas más importantes de la Unidad para las Víctimas. Seguimos trabajando para dignificarlas y reconocer su capacidad de cambiar las condiciones de vida de sus familias, comunidades y territorios; son las víctimas del conflicto armado quienes hoy deben tener la palabra, pues son quienes han dado segundas oportunidades y son el referente ético y moral para guiar al país hacia la Paz Total.
