Acceder a la tierra como parte fundamental de la reparación integral. Esta fue la gran inquietud que abordaron las y los 64 representantes de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas durante el segundo día de la sesión plenaria realizada en Armenia, Quindío.
Al encuentro asistieron funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, del Ministerio de Agricultura, Agencia de Renovación del Territorio, Agencia de Desarrollo Rural y de la Sociedad de Activos Especiales, además de la Unidad para las Víctimas. En conversación con las delegadas y los delegados de la Mesa, puntualizaron sobre el papel de las víctimas del conflicto armado en la agenda rural propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026), aunado al Enfoque de Soluciones Duraderas que busca hacerle frente al desplazamiento forzado de más de ocho millones de personas en el país producto de la guerra interna.
Las víctimas reconocieron que existe un sistema entre los niveles de Gobierno y territorio para articular el acceso, restitución y formalización de tierras, este no es suficiente. Para la Mesa Nacional todavía existen muchas barreras que separan a la reparación integral y a la tierra, como manda la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Acuerdo Final de Paz, y la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-025 de 2004.
Marco Romero, director de Codhes, moderó el espacio e hizo un contexto general sobre el tema. Señaló que en la encuesta nacional de verificación se ha ratificado que la población desplazada enfrenta una grave crisis, producto del desarraigo, el despojo, y el acumulado de la mayor negación de derechos.
Estas personas en condición de desplazamiento, la mayoría mujeres cabezas de hogar y grupos étnicos, en términos de ingresos, se dedican a la economía informal, del rebusque y la subsistencia, porque la mayoría son población rural con tradición campesina, que llegó a las ciudades en medio de la adversidad.
“La situación social es muy grave y afecta a las actuales y nuevas generaciones, y puede convertirse en trampas de miseria para largo rato en Colombia. Hay problemas muy grandes para resolver. Y en la política del actual Gobierno, las víctimas tienen mayor prioridad, están en el centro como lo dice el Acuerdo de Paz”, explicó Romero.
Otras inquietudes que abordó el plenario son: proyectos productivos, ofertas y procedimientos, estado de los procesos, segundos ocupantes, articulación entre las entidades para la entrega de tierras para víctimas, información al territorio, articulación con los gobiernos locales y departamentales y las mesas de víctimas. El espacio también sirvió para conversar con el Centro Nacional de Memoria Histórica, precisamente, para buscar alternativas de recuperación de la memoria en todos los territorios.
Entre las conclusiones, el plenario resaltó la necesidad de aplicar el Enfoque de Soluciones Duraderas para abordar la vulnerabilidad de las víctimas, sobre todo de desplazamiento, y el acceso a la tierra. La apuesta común debe ser mejorar las condiciones de vida a través de la consecución de mayores recursos por parte del Gobierno, las empresas y la cooperación internacional.
