La Unidad para las Víctimas, junto con autoridades y entidades del orden nacional y territorial, alertó sobre el recrudecimiento de la violencia, los hechos victimizantes y los riesgos para la población en la subregión del nordeste antioqueño debido a los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales.
Durante un Comité Territorial de Justicia Transicional en la Gobernación de Antioquia las entidades coincidieron en la preocupación por la persistencia de homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento ilegal de menores, accidentes con minas antipersonal y extorsiones en municipios como El Bagre, Remedios, Segovia, Anorí y Amalfi.
Así mismo, la Defensoría del Pueblo dio a conocer alertas tempranas y riesgos de desplazamientos forzados en varios municipios debido a la disputa por territorios, explotación minera, cultivos ilícitos y el microtráfico de estupefacientes entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como Clan del Golfo.
Ante esta situación, la directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño, informó que la entidad ha atendido “con ayuda humanitaria en dinero y especie (alimentos, artículos de aseo y albergue) a 3.402 familias durante los 15 desplazamientos y ocho confinamientos ocurridos en Segovia, Remedios y El Bagre entre 2023 y 2024, con una inversión de 2.985 millones de pesos”.
Además, indicó que, para mejorar la atención y respuesta en caso de posibles emergencias por el conflicto armado, en junio de este año la Unidad para las Víctimas entregó a la Alcaldía de Remedios una dotación para albergue que incluía colchonetas, cobijas, toallas, tendidos, toldillos, vajillas y kits de cocina.
Tras evaluar las situaciones expuestas se acordaron acciones de prevención del delito, protección a líderes sociales, educación en riesgo de minas antipersonal y lucha contra el reclutamiento ilegal de niños y adolescentes, entre otras.
Debido a los graves daños causados por el conflicto armado, la Unidad para las Víctimas ha priorizado a los municipios del Bajo Cauca y nordeste antioqueño con proyectos agrícolas y dotaciones para obras que mejoren la infraestructura social y comunitaria.
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Además, se implementan planes de reparación colectiva que benefician a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas mediante proyectos productivos, obras comunitarias, servicios de salud, escenarios deportivos, casetas comunales, dotaciones deportivas y culturales para la recuperación de tradiciones y la aplicación de la estrategia de rehabilitación psicosocial.
