El exministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, apoyará a la Unidad para las Víctimas en la estrategia que busca superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de desplazamiento forzado, declarado por la Corte Constitucional hace 20 años a través de la Sentencia T-025. Con este apoyo se fortalece el compromiso del Gobierno del Cambio por garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado.
El destacado jurista será el encargado de dirigir las acciones que adelanta la entidad para enfrentar los retos y desafíos establecidos por el alto tribunal en lo que respecta a la implementación de medidas de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral para esta población que, según el Registro Único de Víctimas, ya supera las ocho millones de personas (8.680.808).
Al respecto, la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, destacó que el apoyo de Osuna en esta estrategia es una gran noticia para el país, las víctimas y sus organizaciones. Aseguró que su experiencia y acompañamiento será un elemento fundamental para avanzar en el goce efectivo de derechos de quienes fueron obligados a salir de sus territorios por causa del conflicto armado.
Por su parte, Osuna dijo que su compromiso es trabajar por salir de este Estado de Cosas Inconstitucional, así como reparar y satisfacer los derechos de las víctimas: “La idea es poderle dar a Colombia y a la Corte Constitucional la noticia de que estamos haciendo todos los esfuerzos. Colaborar con la doctora Lilia y con la Unidad para las Víctimas en ese propósito me enorgullece profundamente”.
Cabe resaltar que la Sentencia T-025 marcó un hito jurídico para la política pública de desplazamiento forzado. Esta permitió reflexionar de manera profunda acerca de las graves violaciones que viven las víctimas de desplazamiento.
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20 años después, el alto tribunal ha reconocido avances como la expedición de un marco normativo robusto: la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley Étnicos. Sin embargo, en diferentes autos de seguimiento se ha instado a las entidades a fortalecer esfuerzos y crear soluciones estructurales para la garantía de los derechos de quienes fueron obligados a abandonar sus hogares y territorios por causa del conflicto armado.
A partir de esta iniciativa, el Gobierno del Cambio ha fortalecido la reparación y la atención a las víctimas. Además, en respuesta al llamado de Naciones Unidas para el beneficio de los desplazados, ha impulsado una Estrategia de Soluciones Duraderas. En este proceso, se ha adelantado una focalización de 33 ciudades y municipios donde se implementará el enfoque para contribuir a superar la situación de vulnerabilidad de esta población.
