Líderes y lideresas de consejos comunitarios de Acandí, Chocó, participaron en mesas interinstitucionales convocadas por el Ministerio de la Igualdad para atender a la población migrante de este municipio en el que coexisten el conflicto armado y el alto tránsito de personas que transitan hacia el Tapón del Darién para llegar al norte del continente.
Fue en el hotel David Plaza donde los líderes de los consejos comunitarios Cocomanorte, Cocomaseco, Cocomasur, y los resguardos indígenas de Chidima Toló y Pescadito, quienes expusieron las necesidades y complejidades que se viven en su territorio ante la falta de condiciones estructurales y socioeconómicas para atender el fenómeno de la migración como comunidades de acogida.
Este espacio de articulación con las instancias competentes a nivel nacional y territorial obedece al trabajo que se viene realizando para garantizar el tránsito de migrantes en condiciones ordenadas, seguras y de dignidad humana.
De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, se tiene registro que durante el primero de enero al 15 de mayo de 2024 cerca de 166.000 personas han cruzado por la selva del Darién para llegar al norte de México y posteriormente a los Estados Unidos, de estas 118.900 son de procedencia venezolana, 15.100 ecuatorianos, 13.800 Haitianos, 9.400 provenientes de China y 9.700 colombianos en busca de mejores condiciones para ellos y sus familias, entre estos se encuentra José Fuentes de Valledupar, César quien se encuentra en espera para cruzar la frontera en un punto de paso en Acandí.
“Fui desplazado hace muchos años con mi familia desde Montería, era muy joven cuando pasó y desde entonces busco mejores oportunidades, empleo para mí, para mi familia, hasta que decidí irme, porque tengo un hijo y quiero para él un futuro mejor”, resaltó José, quien no supera los 29 años.
Aunque lleva pocos días en este punto, menos de los que lleva la familia venezolana que lo acompaña en la travesía, narra que lo difícil de migrar “ha sido alejarme de mi hijo y mi familia, dormir en las calles, poca alimentación, el señalamiento y estigma de las personas”.
Lleva varios días caminando, avanzó hasta donde pudo en vehículo desde el Cesar hasta su ingreso al Urabá, ahora espera a que sean pocos los días en los cuales debe permanecer en el único albergue a escasos kilómetros del centro de Acandí, allí junto a cerca de 90 migrantes más, espera la señal de salida.
Condiciones como la de José y cientos de migrantes se ha convertido en el foco de atención, un llamado a las autoridades para unir esfuerzos y que su paso sea digno. Asimismo, se espera regular el impacto a los territorios y ecosistemas de las comunidades por las que transitan, en las cuales existen condiciones precarias de saneamiento sanitario, entre otras necesidades básicas insatisfechas que agudizan la situación.
Everildys Córdoba Borja, del consejo comunitario Cocomasur, instó a las autoridades gubernamentales y organismos internacionales a resolver las carencias de la población nativa, para que estos a su vez, puedan contribuir al tránsito digno de los migrantes.
“Mi petición a la mesa y a todos los que integran las posibles soluciones es que no pueden planificar el ordenamiento territorial sin contar con quienes dirigimos y somos las autoridades del territorio, porque hay un derecho constitucional e internacional, porque tenemos derecho a la autonomía, a la autodeterminación dentro de los territorios titulados”, destacó la lideresa.
Este espacio fue aprovechado por las y los representantes de los consejos y autoridades indígenas, a quienes directamente ha impactado este flujo constante de migrantes, pero no han sido indiferentes y han buscado estrategias, respondiendo desde sus capacidades a las expectativas de integración socioeconómica y productiva de las personas migrantes, las cuales influyen directamente en las dinámicas colectivas, culturales y territoriales, de quienes por décadas han sido víctimas del conflicto, el 90% de sus 20.000 pobladores.
Además de las necesidades expuestas y la búsqueda de soluciones duraderas, concluyen en la urgencia de consolidar espacios humanitarios que garanticen condiciones de albergue dignos para el migrante, el adecuado manejo de residuos generados de estas dinámicas y que impactan directamente a la selva virgen, la capacidad de los sistemas hospitalarios y de saneamiento, entre otras.
Temas recomendados
Así concluyó el encuentro presidido por la vicepresidenta de la República y Ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez Mina, y que también contó con la participación del viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la pobreza, la dirección para la Población Migrante, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, la Gobernación del Chocó, Gobernación del Antioquia, Ministerio de Relaciones Exteriores, y los alcaldes de Acandí, Riosucio, Unguía, Belén de Bajirá, Carmen de Darién, Juradó, Necoclí, Turbo y Apartadó.
Desde las necesidades expuestas en esta mesa y otros espacios que se han articulado con la Unidad para las Víctimas, se espera afianzar y contribuir a los compromisos adquiridos con las comunidades desde el Gobierno Nacional, mediante la entrega en comodato de dos predios administrativos por el Fondo para la Reparación de las Víctimas a la Agencia Nacional de Tierras en los municipios de Turbo y Necoclí, que sirvan como puertas de entrada de los migrantes, entre otras alianzas. Estos espacios permitirán contribuir a mejorar la atención al migrante en condiciones dignas, pero también, se pueda mitigar el impacto que genera en las comunidades y en pro del desarrollo territorial y para la garantía de derechos de la población migrante.