Las sonrisas de los habitantes de Bojayá (Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia) al recibir 681 cartas de indemnización judicial y los aplausos del pueblo Raizal de San Andrés y Providencia al ser notificado como Sujeto de Reparación Colectiva (SRC), clausuraron un año inédito para las víctimas del conflicto armado en Colombia. En el caso de San Andrés, la comunidad esperó por más de una década este anuncio como parte de los procesos de reparación, dignificación y garantía de sus derechos colectivos. Las acciones, además, sintetizaron las apuestas del Gobierno del Cambio de empezar a saldar deudas históricas con las víctimas, superar los retrasos en la atención a esta población y llegar más y de mejor forma a los territorios que durante años han sido olvidados por el Estado.
Y fue un año inédito porque se materializaron asuntos que por una u otra razón no registraban mayores avances, como la entrega de indemnizaciones, una de las preocupaciones que más suelen expresar las víctimas. En este año, la Unidad para las Víctimas registró las cifras más altas en giros y en inversión en la historia de la política pública de víctimas, superando incluso la meta anual de indemnizaciones administrativas que se proyectó, que era de 105.000. Al finalizar 2023 se habrán hecho 160.000 giros, correspondientes a una inversión que supera los 1,4 billones de pesos.
En cuanto a las indemnizaciones judiciales en cumplimiento de las sentencias de la Ley de Justicia y Paz también se registró otra cifra histórica: este año se realizaron 4.939 giros a 4.234 víctimas, lo que representa una ejecución presupuestal de 142.157 millones de pesos. Para avanzar en el pago de estas indemnizaciones fue clave la transformación del Fondo para la Reparación a las Víctimas, mediante un saneamiento interno que derivó en una monetización de bienes del paramilitarismo por más de 28.000 millones de pesos. Como referencia, en los 10 últimos años, el valor total que monetizó el Fondo fue de 17.000 millones de pesos.
De esta forma se encamina la meta contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo de indemnizar a 600.000 víctimas en el cuatrienio, pues otro logro a resaltar fue la obtención de la mayor asignación de recursos del Presupuesto. De 2,7 billones de pesos se pasó a tener 4,4 billones de pesos para 2024, lo que significará un gran avance para superar los rezagos con las víctimas en tanto unos 3,4 billones de pesos se destinarán a la reparación. Son, como señaló la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, “esfuerzos que sobresalen entre los diferentes periodos de Gobierno porque hemos logrado hacer en un año, mucho más de lo que se hizo en 10 años”.
En la ruta de reparación colectiva también se evidenció un progreso y, en especial, se puso de presente el objetivo de llegar hasta territorios y comunidades vulnerables. En 2023, se logró llegar a territorios de sujetos de reparación colectiva como el resguardo Tahamí del Alto Andágueda en el municipio de Bagadó (Chocó), las comunidades del pueblo Nukak en Guaviare y el área no municipalizada de La Chorrera (Amazonas), con el objetivo de avanzar en el seguimiento e implementación de los planes de reparación colectiva.
Asimismo, se sostuvieron diálogos políticos con autoridades indígenas de los resguardos de San Lorenzo, Escopetera Pirza y Cañamomo y Lomaprieta (Caldas) y con la Minga del departamento del Putumayo, para dialogar sobre la reparación colectiva. Precisamente en lo referente a los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), se avanzó en la formulación y aprobación de 51 planes.
Esto se traduce en el número más alto en lo que lleva la implementación de la reparación colectiva, superando el promedio anual que era de 22,5 planes. Para 2024 la expectativa es avanzar con la formulación y aprobación de 175 PIRC, 139 con sujetos de comunidades étnicas, 28 con comunidades campesinas y ocho organizaciones y grupos.
Estos avances inciden la dignificación y reconocimiento de las víctimas como sujetos políticos, un nuevo enfoque en la política de atención y reparación por lineamientos de la directora Tobón Yagarí, pero sin duda lo que mejor evidenció este propósito fue la participación e incidencia de las víctimas en el proceso de estructuración de una reforma a la Ley 1448, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta norma se debatió y promulgó en 2011 en otros contextos y pensando en un universo de máximo tres millones de víctimas. Hoy hay casi 10 millones de víctimas registradas, por lo que es necesario actualizar la ley y sintonizarla con la política de paz y con las realidades de los territorios golpeados por el conflicto.
Mediante 32 mesas de trabajo, la consolidación de más de 1.400 insumos escritos y la participación de más de 1.700 personas entre víctimas, líderes sociales, expertos, congresistas y académicos se construyó un proyecto de ley que fue radicado en el Congreso de la República y que está a la espera de su discusión.
La voz de las víctimas también se tuvo en cuenta en la construcción del Capítulo Especial para las Víctimas en el Plan de Desarrollo Nacional y en la Comisión Nacional de Participación en el marco de los diálogos de paz con el ELN, pues en ambos procesos tuvo incidencia la Mesa Nacional de Participación de Víctimas. “Nos interesa que las víctimas tengan un rol muy importante en la construcción de los acuerdos de paz. Está demostrado históricamente que con la participación de las víctimas se asegura realmente la realización de acuerdos sostenibles”, manifestó al respecto la directora Tobón Yagarí.
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Por otra parte, la gestión de la Unidad para las Víctimas se evidenció en la atención humanitaria a las víctimas de confinamiento. Se llevaron ayudas a 163 comunidades, conformadas por 8.759 hogares, por un valor que superó los 6.676 millones de pesos. Se priorizaron los departamentos de Chocó, Nariño y Valle del Cauca, departamentos más afectados por este hecho victimizante. También se atendieron 449.651 hogares víctimas de desplazamiento mediante 734.622 giros de atención humanitaria de emergencia y transición, con una inversión de más de 458.758 millones de pesos.
Otro cambio que se pudo evidenciar en este año fue la inclusión de 589 nuevas personas en el Registro Único de Víctimas (RUV), debido a una nueva forma de reportar la cantidad de víctimas en el exterior. Antes se hacía de acuerdo con el número de declaraciones recibidas desde los diferentes países, pero desde este 2023 se empezó a hacer un nuevo ejercicio identificando la probable ubicación de las víctimas, según el reporte de atenciones y las actualizaciones de datos.
De esta forma se cierra un año clave y de transición, en el que se empieza a reflejar el cambio de enfoque para la atención de las víctimas del conflicto basado en soluciones estructurales, o duraderas de acuerdo con los postulados de Naciones Unidas, en lugar del asistencialismo que se consolidó por más de 10 años. De hecho, para el próximo año dos de las grandes apuestas serán posicionar e implementar esa agenda de soluciones duraderas y dar una discusión urgente sobre las nuevas fuentes de financiación para seguir poniendo al día al Estado con la reparación a las víctimas.
