Cali, 30 de marzo de 2016.
Catorce años de espera para que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país puedan acceder a medidas de atención, asistencia y reparación integral con enfoque cultural, territorial y con reconocimiento de sus derechos colectivos, terminaron hoy con la protocolización del decreto ley 4635 de 2011.
Para Arnulfo Cardosi Rubio, delegado al Espacio Nacional de Consulta Previa por el departamento de Bolívar, este es un logro histórico. “Hoy las comunidades negras logran recuperar su dignidad, el respeto y, sobre todo, la posibilidad de volver al territorio con dignidad y las garantías que brinda este decreto.”
Este avance se da luego de un amplio proceso de diálogo, discusión y concertación con las comunidades, que recogieron sus visiones, necesidades y propuestas frente a la implementación del decreto.
La directora general (e) de la Unidad para las Víctimas, Alix Aguilar, destacó la importancia de este logro y el proceso que lo hizo posible: “Fue más de un año de trabajo, 34 asambleas territoriales. Este proceso permitió concertar la reglamentación y garantizar que las víctimas accedan a sus derechos en atención, asistencia y reparación con enfoque diferencial étnico. Ahora el reto es implementar esta reglamentación y hacerla realidad en los territorios”.
Por su parte, Nelly Murillo López, señaló: “Hoy tenemos esperanza. Son muchos años de lucha en los que no hemos sido reconocidos en nuestras particularidades, y este avance nos permite pensar en un tratamiento diferencial que responda a nuestras realidades”.
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La protocolización de este decreto ley representa el tercer logro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el último año de este gobierno, proceso al que se suman igualmente los Decretos 4633 y 4634 que benefician a la población Rrom y los pueblos indígenas respectivamente, ratificando su compromiso continuo con la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas pertenecientes a estos grupos poblacionales.
De esta manera, el gobierno del presidente Gustavo Petro marca un avance significativo hacia la justicia étnica en Colombia, reafirmando que la construcción de paz se logra reconociendo la diversidad y garantizando los derechos de quienes han sido históricamente afectados por el conflicto.