Varios fueron los logros de la Unidad para las Víctimas a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral (SNARIV) que tuvieron como propósito beneficiar a la población sobreviviente del conflicto armado. Entre los más destacados se encuentra la carta de entendimiento suscrita con siete universidades del país, la cual garantiza el acceso a la educación superior a las víctimas.
Producto de este convenio, las instituciones educativas que acogerán en sus aulas a esta población son: la Universidad Autónoma del Caribe (Barranquilla), el Conservatorio del Tolima (Ibagué), Universidad de Cartagena (Cartagena), Corporación Academia Superior de Artes Corpoasa (Medellín), UNIREMINGTON (Arauca, Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Risaralda, Santander, Sucre y Valle), Fundación Universitaria María Cano (Medellín, Cali, Neiva y Popayán) y AUNAR en Puerto Asís Putumayo.
En 2023, el SNARIV llevó a cabo un proceso de articulación con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) que permitió llegar al territorio dando a conocer los requisitos de la convocatoria de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR), que posibilitó como resultado la inscripción de 376 asociaciones de víctimas en esta oferta.
Entre otros logros se resalta el trabajo articulado con el Ejército Nacional de Colombia, el cual permitió que 2.254 víctimas de diversas regiones del país definieran su situación militar. También el SNARIV logró que el Ministerio del Trabajo asumiera el liderazgo de la elaboración de la política pública de Generación de Ingresos como compromiso de la mesa de alto nivel de soluciones duraderas, como respuesta a los Autos 310 de 2023 y 1869 de 2022, que establece la implementación de la batería de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos.
Por otra parte, la Unidad para las Víctimas entregó a entidades del nivel nacional los lineamientos para la formulación de los Planes de Acción y Fortalecimiento Institucional para el periodo 2024 y socializó el Modelo de Intervención Territorial Integral (MITI), herramienta que permite focalizar, identificar y realizar acciones en los municipios que tienen más necesidades y rezagos en la implementación de la política pública. Por primera vez, la entidad formuló estos Planes en la vigencia anterior a su implementación.
Además, la Unidad realizó un total de 38 sesiones plenarias de los Subcomités Técnicos Nacionales en temas importantes como la prevención, protección y garantías de no repetición, acciones contempladas entre la nación y el territorio, indemnización administrativa, medidas de rehabilitación, enfoque diferencial y de género, medidas de satisfacción, sistemas de información, atención y asistencia, restitución y reparación colectiva.
Estos encuentros se llevaron a cabo con articulación de las entidades permanentes del nivel nacional y delegados de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. Los resultados de este trabajo serán las acciones estratégicas formuladas en los Planes Operativos Anuales (POA) para la vigencia 2024.
Otros logros
Desde la Unidad para las Víctimas se promovieron jornadas de socialización de la oferta de las entidades del nivel nacional en los componentes de vivienda, educación, acceso a tierras y proyectos productivos que benefician a familias población víctimas en los territorios del país.
A su vez, logró que un total de 27 entidades del orden nacional recibieran la “Certificación a la Regionalización Indicativa de los Proyectos de Inversión – Vigencia 2023”, en atención a lo establecido en el artículo 55 de la Ley 1873 de 2017, que señala que bajo la coordinación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y el Departamento Nacional de Planeación, los órganos que integran el Presupuesto General de la Nación encargados de las iniciativas en el marco de la política pública de asistencia, atención y reparación integral a la población víctima, adelanten toda la focalización y municipalización indicativa del gasto de inversión destinado a dicha población, garantizando el goce efectivo de los derechos de las víctimas enmarcados en la Ley 1448 de 2011.
Finalmente, durante la vigencia 2023, suscribió un convenio con Prosperidad Social para brindar atención y orientación de la oferta programática de la entidad, en los Centros Regionales de Atención y Reparación a las Víctimas de Arauca, Barrancabermeja, Barranquilla, Cali, Cesar, Montería, Nariño, Neiva, La Palma, Viotá, Santa Marta, Sincelejo y Soacha. Esta alianza también será otro de los retos de la Unidad para las Víctimas durante 2024.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
