Con una inversión superior a $3.272 millones, la Unidad para las Víctimas entregó 459 indemnizaciones en Tumaco, en una jornada institucional que también presentó avances clave en la implementación del Auto 620 de 2017, emitido por la Corte Constitucional para proteger a comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico nariñense.
La actividad hizo parte de la estrategia “Del escritorio al territorio”, liderada por el director general de la Unidad, Adith Rafael Romero Polanco, quien hizo presencia en el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) de Tumaco y encabezó los espacios de diálogo con autoridades locales, líderes sociales y comunidades.
“Con esta acción impactamos a muchas víctimas que llevaban entre cinco, diez y hasta quince años esperando esa reparación administrativa. Hoy no solo entregamos un dinero, hoy entregamos dignidad, justicia y una señal clara de que el Estado sí puede estar en los territorios”, afirmó Romero Polanco.
Durante la jornada, las personas beneficiarias manifestaron su satisfacción por recibir esta medida después de muchos años de espera. Teoticia Alarcón, una adulta mayor beneficiaria, expresó: “La inversión que haré es arreglar la casita porque está bastante deteriorada. Como adulta mayor, quiero que mi casa esté en buen estado y pido que la paz llegue para que esto no continúe”.
Gerson Montaño Arizala, representante a la Cámara por la Curul de Paz del Departamento de Nariño, también participó en la jornada y manifestó que el trabajo articulado con la Unidad para las Víctimas ha permitido acelerar los procesos de entrega.
“Con esta dinámica que se viene haciendo desde el trabajo parlamentario acompañado de la Unidad, ha permitido acelerar y hacer procesos de entregas más eficientes, dándole solución a muchas de las víctimas que han tenido esa espera por años”, señaló.
El espacio también permitió fortalecer la articulación con las organizaciones étnicas y recoger las percepciones de las comunidades sobre el avance en el cumplimiento de las medidas dictadas por la Corte. Líderes comunitarios participaron activamente en mesas de trabajo y seguimiento a los compromisos establecidos.
La jornada se llevó a cabo en el marco de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, creada para dar cumplimiento al Auto 620, en la que la Unidad para las Víctimas cumple un rol clave en la coordinación de acciones de atención, reparación y garantía de derechos de los pueblos étnicos.
El Auto 620 de 2017, emitido como parte del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, responde a la situación crítica de violencia, desplazamiento y riesgo de exterminio físico y cultural de comunidades étnicas en 10 municipios del Pacífico nariñense.
La medida ordena acciones urgentes frente a problemáticas como: confinamientos, presencia de grupos armados ilegales, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual, cultivos ilícitos y minería ilegal.
La Unidad para las Víctimas, como integrante de la Comisión, ha liderado acciones para cumplir con el Plan Urgente de Reacción y Contingencia, entre ellas: jornadas de documentación de solicitudes de indemnización, auditorías a solicitudes de organizaciones étnicas, consultas previas y participación comunitaria, caracterización de sujetos de reparación colectiva, formulación de planes integrales con enfoque étnico.
Actualmente hay 28 sujetos de reparación colectiva en los municipios del Pacífico nariñense, principalmente en Tumaco y Barbacoas. La mayoría está en fases de alistamiento y caracterización, aunque algunos ya han avanzado hacia la implementación de medidas concretas.
Según el Registro Único de Víctimas, con corte al 1 de julio de 2025, Tumaco registra 211.213 víctimas, de las cuales 121.113 pertenecen al pueblo afrocolombiano y 22.868 a comunidades indígenas.
En todo el departamento de Nariño se han reconocido 656.552 víctimas, y durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, se ha invertido más de $282.000 millones en indemnizaciones.