El presupuesto para las víctimas fue uno de los temas centrales de la primera sesión técnica que se realizó este lunes, 11 de septiembre, en la Corte Constitucional con el fin de dialogar sobre los avances para superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de desplazamiento forzado, el cual fue declarado por el alto tribunal en 2004, a través de la sentencia T-025.
En este espacio, participó la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, quien agradeció a la Sala Especial de Seguimiento, presidida por la magistrada Natalia Ángel Cabo, por permitir este diálogo de cara a lograr un objetivo común: superar el ECI y brindar una verdadera garantía en el goce efectivo de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado.
“La Unidad para las Víctimas, en su rol de coordinadora del SNARIV, celebra este nuevo método de valoración del avance en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional. Esto nos ha llevado a generar un profundo ejercicio de reflexión y autoevaluación para definir cuáles deben ser las acciones concretas que den como resultado a corto, mediano y largo plazo una mejora significativa en pro de la garantía de derechos de las víctimas del conflicto armado”, afirmó.
Un presupuesto histórico
Aumentar el presupuesto para las víctimas del conflicto armado ha sido uno de los temas principales por los que ha trabajo esta administración. Por esa razón, Tobón Yagarí aseguró, en medio de la sesión técnica que, desde su llegada, se ha propiciado una discusión sobre cuáles podrían ser las fuentes de financiación para contribuir a superar el rezago existente en la implementación de la política pública y así mejorar la situación de vulnerabilidad de las víctimas en situación de desplazamiento.
“No es posible pensar en superar el Estado de Cosas Inconstitucional sin recursos para lo que necesitan las víctimas. No es posible garantizar el acceso a derechos sin, por ejemplo, tener recursos para educación, programas de salud e infraestructura vial. Esta es una discusión muy importante y debe ser una discusión y un esfuerzo de todo el país”, expresó antes de exponer el trabajo realizado junto al Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para lograr una mayor asignación de recursos.
Según Tobón Yagarí, la Unidad para las Víctimas ha buscado diferentes opciones para llegar a más víctimas del conflicto armado con la materialización de medidas de atención y reparación. Ejemplo de lo anterior, es la adición presupuestal de 200 mil millones para este 2023, por la cual la entidad logró un aumento significativo del 26% respecto a la vigencia 2022. Cabe resaltar que en vigencias anteriores el incremento presupuestal no superaba el 4% en promedio.
Además, señaló que, gracias a la gestión realizada por esta administración, “para la vigencia 2024 la Unidad para las Víctimas tendría el incremento más alto en toda su historia” con una asignación indicativa de 4,4 billones de pesos consignados en el proyecto de ley del presupuesto, el cual correspondería a un aumento del 62% de los recursos. “Esto es un hecho histórico, porque ayudará a aumentar el número de víctimas beneficiadas con estas medidas y permitirá mejorar en la implementación de la política”, manifestó.
Sin embargo, la directora de la entidad señaló que todavía existe el reto de lograr una mayor asignación de recursos que sea proporcional a las medidas y componentes de la reparación, “contribuyendo así al alcance de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y para lograr avanzar en el plan de aceleración del pago de las indemnizaciones que quedó consignado en ese plan”.
“Hay que ser muy serios con las discusiones en torno a los temas de las víctimas del conflicto armado. Nosotros somos conscientes de que no resolveremos en cuatro años un problema estructural, pero nos hemos puesto en la tarea de cumplir metas que ayuden a superar el rezago. La idea es avanzar y estamos mirando, junto a Hacienda y el DNP, la posibilidad de mejorar las fuentes de financiación. No es una tarea fácil, pero estamos trabajando para ayudar al cierre de brechas y mejorar esta situación que ha sido inconstitucional”, finalizó.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
