Que Colombia reconozca la violencia sexual como delito de lesa humanidad es una de las banderas más importantes de las víctimas que sobrevivieron a este flagelo en el marco del conflicto armado.
Si bien Colombia reconoce el estatuto de Roma de manera parcial y ha acatado la mayoría de los delitos de lesa humanidad, entre estos el de violencia sexual, no todas las vulneraciones sexuales son atendidas como debe ser por el Estado. Carecen, por ejemplo, de contexto, algo indispensable para declarar la existencia de un delito de lesa humanidad.
Es por esto que las mujeres que participaron en el encuentro nacional “Pintando la inclusión de colores”, realizado por la Unidad para las Víctimas y apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Gobierno de Noruega y el Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz, hicieron un llamado a que se reconozca efectivamente este delito bajo el rótulo de lesa humanidad, sin titubeos.
Además, han pedido durante años ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), abrir un macro caso de violencia sexual en el que se visibilicen cómo los hombres de la guerra, de todas las orillas, han vulnerado de forma sistemática los cuerpos de las mujeres, convirtiéndolos en botines del conflicto armado con fines de control, expropiación, castigo, y obtención de información, entre otros. Diversos informes lo han dicho, verdades que han venido, también, desde el clamor propio de las víctimas.
“El delito de violencia sexual debe ser reconocido en Colombia como delito de lesa humanidad. Se debe ajustar la Ley 1448 porque la violencia sexual está reconocida como violencia basada en género, desconociendo que el accionar de los grupos armados sobre el cuerpo de las mujeres se centralizó en la ruptura de las familias, el sometimiento de la comunidad, por ende, el control del territorio”, expresó Lurdilena Pérez, delegada de la Mesa Nacional de Víctimas por el hecho de violencia sexual.
En el marco del diálogo directo con Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, las sobrevivientes reiteraron una petición: ser priorizadas para recibir la indemnización a la cual tienen derecho, dado que la mayoría son madres cabeza de hogar.
Otra de las propuestas presentadas es la creación de centro médicos especializados en la atención para mujeres víctimas de violencia sexual, para tratar su salud mental. También, que haya una apuesta decidida para el acceso a educación, vivienda, y proyectos productivos, acordes a los saberes y profesiones de las mujeres, garantías de derechos y de no repetición del conflicto armado, todas estas concertadas previamente con mujeres víctimas de violencia sexual de todo el territorio nacional.
“Para mí es importante regresar al campo, muchas de nosotras fuimos violentadas y sacadas de nuestro territorio, si tenemos tierra podemos cultivar, vamos a tener yuca, plátano todas las cosas que nosotras cultivamos, huevos para sustentar nuestra familia y sustentar nuestro bolsillo”, expresó Sonia Morales, sobreviviente del Casanare.
La apuesta de este proyecto que han emprendido colectivamente la mujeres y lideresas víctimas de violencia sexual es reparar integralmente a las mujeres en sus diversidades. Así, de la mano del Acuerdo de Paz, ellas, sus hijas e hijos nacidos antes del hecho victimizante como también los nacidos a causa de la violencia sexual, sean reconocidos como víctimas directas y se les pueda garantizar acceso a sus derechos.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
