El pasado lunes, la Unidad para las Víctimas activó la ruta de atención a emergencias, como respuesta a los hechos victimizantes causados por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en zona rural del municipio de Segovia, una de las más críticas de Antioquia en cuanto a orden público.
Así lo indicó la directora territorial en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño: “Se está articulando la respuesta interinstitucional y acompañando a las comunidades y al municipio para apoyar la atención en la situación humanitaria y de protección”. La población afectada habita en las veredas Altos de Manila, Pueblo Nuevo, Rancho Quemado, y El Aguacate.
Según sus testimonios, la escalada de violencia empezó desde la primera semana de febrero, y el viernes pasado los habitantes de estas veredas empezaron a salir forzadamente de sus casas. Hasta ahora, 30 familias se han desplazado a Segovia y Remedios, y al menos 2.000 personas están confinadas. No obstante, estos datos son preliminares dado que la Unidad para las Víctimas está, actualmente, brindando la asistencia técnica para recoger el censo y las declaraciones de las víctimas.
Además de este tipo de asistencia técnica, la entidad brinda oferta de la ayuda humanitaria a la administración municipal bajo los principios de subsidiariedad y correspondencia del Gobierno nacional. Esto para garantizar la atención oportuna a la población afectada mientras persista la situación de violencia.
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Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales (ELN y Clan del Golfo) en varias zonas del Bajo Cauca y nordeste antioqueño se intensificaron desde el año pasado, según las organizaciones campesinas y agromineras, las cuales han denunciado combates, homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, retenes ilegales, reclutamiento ilegal de menores, extorsiones y daños a bienes civiles como incendio de viviendas.
Por su parte, durante 2023, la Unidad para las Víctimas atendió cuatro desplazamientos forzados en esta zona y aportó 177 millones de pesos en ayuda humanitaria inmediata, además de participar en misiones de verificación de la situación de riesgo para la población y articular con otras entidades nacionales y regionales la respuesta a estas emergencias.