Construir la paz en Colombia exige liderazgos que sepan sostener el rumbo en medio de la adversidad, no para la vanidad del poder, sino por la responsabilidad ética de no traicionar la historia ni las esperanzas de un pueblo que nos demanda vivir en dignidad.
He caminado buena parte de mi vida entre territorios donde la violencia se sentía como un destino inevitable. En ellos aprendí que liderar no es un acto de fuerza: es un acto de compromiso profundo con la gente y con el país que queremos construir, porque es el futuro de todos como nación lo que está en juego. Hoy, como directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y directora (E) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ese compromiso no ha cambiado: seguimos haciendo, juntando, creando todos los días opciones reales para que la vida, la dignidad y la esperanza ocupen el lugar que durante décadas fue usurpado por la muerte.
Implementar la paz no es fácil. No lo fue firmarla, no lo es cumplirla. Pero rendirse tampoco es una opción. El Acuerdo de 2016 sigue siendo el compromiso más grande que hemos hecho como sociedad para cerrar por fin las heridas de la guerra.
Para materializarlo es vital reactivar la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI). Fue creada para garantizar, desde la bilateralidad entre el gobierno nacional y el Componente Comunes, que lo firmado no se quedara en el papel de las buenas intenciones, sino que se tradujera en cambios concretos y sostenibles. Necesitamos que ese espacio político vuelva a funcionar; es preciso que convoque, que impulse, que decida.
El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) debe ponerse en el corazón de la política de seguridad. La democracia no se mide solo en elecciones; se mide en la posibilidad de que cada líder, cada firmante, cada ciudadano pueda alzar su voz sin miedo y actuar con responsabilidad ética en función del bienestar de todos. En el país que anhelamos todos somos protagonistas.
Hacer la paz y persistir en las negociaciones es nuestro mayor desafío. El país no puede quedar atrapado nuevamente en el sufrimiento de no poder detener tanto dolor. Hacer la paz es revolucionario cuando el mundo entero pareciera caminar inconsciente hacia el vértice de la muerte. No podemos renunciar a la opción del diálogo para la vida digna.
Es prioritario reconstruir la arquitectura institucional para la paz. Una Consejería para la implementación del Acuerdo de Paz robusta y con el poder suficiente para coordinar y articular las múltiples entidades del Estado con responsabilidades en él. La paz debe trasladarse al centro de todas las entidades públicas del país. Su fortalecimiento no es una elección técnica, sino una necesidad estratégica para garantizar que los avances logrados hasta ahora no se reviertan por falta de soporte jurídico, operativo o financiero.
Es perentorio garantizar que la reincorporación no dependa exclusivamente de subsidios temporales sino de condiciones estructurales de desarrollo, seguridad y acceso a derechos. Somos conscientes de que, pese a los esfuerzos, es necesario acelerar la instalación efectiva del Sistema Nacional de Reincorporación y fortalecer la articulación interinstitucional que concrete el impacto en los territorios.
Necesitamos entender como nación que el ordenamiento territorial para la paz no es exclusivo de quienes hoy habitan un territorio. Los pueblos indígenas y afrodescendientes, los firmantes del Acuerdo, los más de diez millones de víctimas deben poder habitar y construir allí también su proyecto de vida. La paz se concreta en el territorio, en la tierra donde se siembra, se sueña y se cosecha nuestro futuro.
Y allí, es preciso un liderazgo que comprenda las tensiones político-militares que persisten en los territorios, pero que al mismo tiempo trabaje con decisión para dar visibilidad a los acumulados sociales, a las resistencias comunitarias y a las iniciativas de paz construidas desde hace décadas. La defensa de la vida en los territorios incluye acompañar a quienes los protegen, a quienes conocen sus potencialidades económicas, sociales y culturales, a quienes han decidido construir relaciones comunitarias para cuidar el ambiente y sanar las heridas del dolor.
Es necesario consolidar una gobernanza para la paz territorial, un sistema sólido y robusto de implementación que combine liderazgo institucional, capacidad operativa y protagonismo de las comunidades. Debemos aprender de la fuerza social que persiste con tenacidad en los territorios: la capacidad de las mujeres, los sueños de los niños y niñas, la riqueza de la diversidad étnica y cultural, el tesón del campesinado, el fértil trabajo comunitario. Todos ellos constituyen la geografía de la esperanza.
No basta con que los compromisos estén descritos en planes y proyectos, hay que ponerlos en práctica, hay que materializarlos en todos los rincones del país donde las poblaciones han resistido con enorme valentía las arremetidas violentas de los actores armados que hoy insisten en violar sus derechos fundamentales e ignorar el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Hoy, en varios territorios la persistencia de dinámicas violentas y el accionar de grupos armados ilegales nos recuerdan que la implementación de la paz no admite demoras ni excusas.
Proteger a quienes firmaron la paz es un imperativo democrático. El asesinato de firmantes y su estigmatización deben ser repudiados sin ambages. Su reincorporación efectiva es parte del compromiso que el Estado adquirió con toda la sociedad y hacer de la paz una política irreversible.
Este camino nos exige la acción y la reflexión autocrítica, así como la suma de todas las manos y las voluntades. Por eso hago un llamado al Presidente y sus Ministros, al Congreso, a los Gobernadores y Alcaldes, necesitamos que asuman con toda la fuerza de su responsabilidad institucional la tarea de acompañar esta implementación como prioridad del Gobierno.
A quienes hoy están en la función pública les exhorto a que vivan la ética de lo público y la mística por la paz. No se trata solo de cumplir funciones, se trata de encarnar un compromiso histórico con la vida, con la dignidad y con el porvenir del país.
Hoy, Colombia necesita recordar que la paz no se decreta. Se lidera individual y colectivamente, se implementa y se defiende. En esa tarea está la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, y en esta tarea continuaremos sin pausa quienes creemos que la vida, la dignidad y la esperanza son razones por las que siempre vale la pena luchar.
Gloria Cuartas
Directora Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz
Directora (E) Unidad para las Víctimas
