2025 el año del reconocimiento a las víctimas del conflicto armado y sus aportes a la paz

Columna de opinión de Lilia Solano, directora general de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas

Columna de opinión de Lilia Solano, directora general de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas

En un balance de 2024 y del segundo año del Gobierno del Cambio, el presidente Gustavo Petro presentó las cifras concretas que dan cuenta de logros de gran envergadura en diferentes ámbitos de la vida nacional. El presidente hizo énfasis en asuntos como la reducción significativa del desempleo, las reducciones históricas de la inflación, especialmente la que afecta directamente a los alimentos, avances históricos en la lucha contra la pobreza y el hambre, resultados destacados en el agro, como la titulación de tierras y una creciente producción agrícola, así como logros concretos en la implementación del primer punto de los Acuerdos de Paz firmados en 2016, para recordar tan solo algunos de los aspectos sobresalientes del balance ofrecido.

Los medios de comunicación han reaccionado a esta rendición de cuentas, señalando lo que consideran vacíos en la ejecución de las líneas gruesas anunciadas por el gobierno nacional. No obstante, el tono del gobierno es mesurado. A los espacios de acción gubernamental delineados por el sistema democrático de pesos y contrapesos, el Ejecutivo le da igualmente la bienvenida a las acciones fiscalizadoras de la oposición y de los medios. Con todo, hay un vacío al que me quiero referir en esta columna. Es un vacío, no de ejecución como lo afirman algunos medios, sino de información a la ciudadanía. En los análisis de la rendición de cuentas del presidente, se pasan por alto de manera absoluta los avances conseguidos en la atención a las víctimas del conflicto armado, su reparación integral y la restitución de sus derechos. Cuando se examinan los indicadores de las transformaciones sociales conseguidas en el actual gobierno, buscando incoherencias, inconsistencias y déficit en la ejecución, se da la impresión de que Colombia es un país que no está saliendo de un conflicto que dejó heridas profundas en toda la sociedad colombiana. El silencio ante los avances en la reparación integral a las víctimas es sorprendente.

El sueño de Colombia de constituirse en una nación diversa, orientada por los ideales democráticos, la convivencia, la justicia social y económica, y la paz, demanda el reconocimiento pleno de los sectores de la población que sufrieron de manera más directa y con mayor crudeza los embates de la violencia que ha marcado nuestra historia reciente. La Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas busca «garantizar la implementación de una política de víctimas efectiva, eficiente, articulada e integral, con enfoque territorial, diferencial y de centralidad en las víctimas, que contribuya a la superación de su situación de vulnerabilidad y al goce efectivo de sus derechos». En el actual Gobierno del Cambio, ese horizonte de misión se ha hecho concreto en acciones que evidencian la restitución efectiva de los derechos a un número amplio de colombianos, colombianas, colectivos y comunidades que estuvieron en la mira de los actores del conflicto.

Estos esfuerzos implican trabajos arduos que el país debe conocer: tenemos jornadas intensas de diálogos, celebraciones de acuerdos y deliberaciones que garantizan la participación efectiva de las comunidades y sus voceros en las decisiones de ámbitos que reflejan las realidades concretas de las asociaciones de víctimas en sus territorios. Es importante recordar que, a la hora de reparar a las víctimas y buscar la restitución de sus derechos, venimos de una historia de desconfianza. Históricamente, el Estado se ha mantenido distante de las poblaciones que conforman la pluralidad de la nación colombiana. Hasta tiempos recientes, las expresiones ciudadanas eran vistas como intentos de desestabilización del ordenamiento del país.

A pesar de que es un logro que resiste ser expresado en cifras numéricas o en una tabla estadística, la construcción de confianza es un resultado que nos llena de satisfacción a quienes tenemos la tarea de trabajar conjuntamente con las víctimas del conflicto.

Estos ciudadanos y ciudadanas, los colectivos, organizaciones y asociaciones que han conformado, las comunidades de las que forman parte y los territorios desde los cuales adelantan esfuerzos para la construcción de sociedades de paz, no pueden ser dejados de lado a la hora de examinar los logros del Gobierno del Cambio. Las víctimas, que son, en realidad, protagonistas del país que está resurgiendo de su pasado de violencia, conforman un núcleo de importancia capital, pues es en este ámbito donde se puede observar con mayor claridad que la apuesta por la paz es realizable.

He aquí una invitación a analistas y observadores acuciosos del acontecer nacional: en 2025, reconozcamos a las víctimas por sus aportes a la paz y a la construcción de una nación sustentada en la justicia social y económica.