Columna de opinión de Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas
Una vez más, la región del Catatumbo es escenario del recrudecimiento de una violencia armada que no da tregua, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno nacional, voceros de sectores armados, la sociedad civil y garantes del proceso de paz en el territorio.
Los recientes enfrentamientos entre facciones armadas en la zona han dejado resultados lamentables: pérdidas de vidas humanas, personas heridas y una afectación generalizada a una población que sigue padeciendo los embates directos de esos choques armados. Dada la gravedad de estos hechos, considerados “crímenes de guerra”, según lo expresó el presidente Gustavo Petro el pasado jueves 18 de enero de 2025, él mismo anunció la suspensión del proceso de diálogo con el ELN.
Es lamentable que el proceso de diálogo haya llegado a un punto tan crítico que ameritara su suspensión. Desde la Unidad para las Víctimas hemos puesto en marcha acciones para asistir a quienes han sufrido estos hechos, con la expectativa de que los actores armados internos atiendan nuestros llamados al respeto por los derechos de la ciudadanía en el territorio.
Es el momento para recordar que, la misión de la Unidad para las Víctimas incluye atender a la población civil que ha sido despojada de sus derechos y medios de vida en el pasado reciente. Esta labor nos ha llevado al Catatumbo, una región que resiste a la estigmatización y a las condiciones de postración impuestas por décadas de violencia armada de diverso cuño. Actualmente, estamos respondiendo a las necesidades de atención de las víctimas mediante esfuerzos intersectoriales.
Las grandes transformaciones comprometidas por el gobierno nacional solo serán posibles con la participación activa de la sociedad civil en el territorio. La Unidad para las Víctimas contribuye a este propósito trabajando junto a las comunidades del Catatumbo en la construcción de las transformaciones territoriales para la paz.
Sin embargo, la confrontación armada y la violencia generalizada obstaculiza las iniciativas ciudadanas e impide a las víctimas ejercer plenamente sus derechos.
La restitución de derechos como ciudadanas y ciudadanos es uno de los pilares de nuestra misión de reparación integral. Reconocemos que las personas y comunidades están profundamente conectadas con el territorio y su historia de conflicto y resistencia. No obstante, los enfrentamientos armados ponen en riesgo los esfuerzos de reparación integral, especialmente para quienes han venido insistiendo en asumirse como actores de primer orden en la construcción de paz en el Catatumbo.
Por ello, la Unidad para las Víctimas rechaza sin atenuantes estas acciones que atentan contra la paz, la convivencia y los esfuerzos de transformación social. Nos unimos a las voces que exigen a los grupos armados el respeto por las víctimas y la población civil en general, sin distinciones, así como el compromiso con alternativas que conduzcan a la paz.
Reiteramos nuestra apuesta por la paz, tal como lo ha planteado el gobierno nacional: una política de Estado prioritaria, transversal, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en la implementación de acuerdos como en procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia (Ley 2272 de 2022). Asimismo, reafirmamos nuestro propósito de parar la guerra. Las armas no deben silenciar al Catatumbo, y frente a esta amenaza, defendemos el valor del diálogo. En este momento recordamos el desafío planteado por el pensador argelino Albert Camus, quien instó a “… mantener obstinadamente esta formmidable apuesta que finalmente decidirá si las palabras son más fuertes que las balas”. Esa apuesta sigue siendo el diálogo para la paz.