La población víctima de desplazamiento del país corresponde al 19% de sus habitantes. El más reciente boletín de Datos para la Paz indica que, de las 9.737.008 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), hay 8.680.808 que son víctimas de desplazamiento.
Lo anterior corresponde a una cifra que supera el total de personas que viven en Bogotá, lo que hace urgente la medición de la superación de su situación de vulnerabilidad para contribuir en la toma de decisiones e implementar intervenciones efectivas y duraderas.
Desde 2016, la Unidad para las Víctimas presenta un informe con los resultados de la medición de Superación de Situación de la Situación de Vulnerabilidad (SSV). Esta obligación quedó establecida en la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas, y en 2015 se definieron los derechos para tener en cuenta en la medición. Asimismo, en 2018 se empezó a incluir la SSV como indicador del Plan Nacional de Desarrollo.
En la medición, bajo los anteriores criterios, si una persona cumplía uno de los ocho derechos (salud, educación, identificación, vivienda, alimentación, generación de ingresos, reunificación familiar y atención psicosocial), en la siguiente medición solo se evaluaban los derechos pendientes por cumplir, a menos de que le ocurriera un nuevo desplazamiento.
Así las cosas, este año, acogiendo las recomendaciones de entes de control, las mesas de víctimas y la Corte Constitucional, además de la integración del enfoque de soluciones duraderas, se ajustó la medición y se incluyeron nuevos criterios y fuentes de información, adicionalmente, se fortalecieron los enfoques diferenciales, dando así un panorama más preciso de la realidad de la población desplazada y su estabilización socioeconómica.
Entre los principales cambios de la nueva metodología están la evaluación periódica (a lo largo de cuatro semestres consecutivos), una valoración simultánea de los ocho derechos que componen la medición y una evaluación diferencial del derecho a la generación de ingresos, considerando aspectos como la tasa de dependencia del hogar y la presencia de miembros con características diferenciales.
La medición se aplicó a 7.692.901 personas, que es la cantidad de personas que se obtiene al restar del total de víctimas de desplazamiento a las no identificadas, sin documento o con documento inválido y fallecidas. Según los nuevos criterios de la medición, 6.805.713 víctimas de desplazamiento forzado están en situación de vulnerabilidad.
Esto representa a un 88% de la población a la que se le aplicó la medición y que, si se aplicara la medición con los criterios anteriores, 130.000 víctimas más superarían su situación de vulnerabilidad y quedarían sin apoyo gubernamental.
Las cifras demuestran que la nueva metodología es más rigurosa y muestra un panorama más completo y con mayores garantías para lograr la estabilización socioeconómica de las víctimas de desplazamiento.
Entre otros datos de la medición, la mayor cantidad de víctimas de desplazamiento que no ha superado su situación de vulnerabilidad se encuentra en Bogotá D.C. (277.531 víctimas); Medellín, Antioquia (269.265); Buenaventura, Valle del Cauca (177.157); Tumaco, Nariño (113.113) y Valledupar, Cesar (104.325).
En este sentido, los municipios de Buenaventura y Tumaco son los casos más preocupantes, ya que muestran rezagos significativos y hacen parte de los entes territoriales con mayor cantidad de víctimas en condición de vulnerabilidad y más porcentaje de víctimas, con respecto a su población desplazada, que no superan la situación de vulnerabilidad.
Los resultados de la medición con los nuevos criterios también revelan que los dos derechos de mayor cumplimiento son la identificación (94,6%, es decir 7.279.925 víctimas) y la salud (90%, 6.910.037 víctimas). Con el anterior sistema, el derecho a la identificación hubiera registrado un cumplimiento del 98,5% (7.580.038 personas) y a la salud un 96% (7.407.359 personas).
Por su parte, los derechos con menor porcentaje de cumplimiento y que se configuran como las principales necesidades de esta población: vivienda, con 18,3%; generación de ingresos, con 21,9% y alimentación, con 34%. Con la anterior medición, estos porcentajes hubieran sido de 50,6%, 60,5% y 82%, respectivamente.
Las cifras de la caracterización
La caracterización detallada, en el más reciente boletín de Datos para la Paz,señala que de las 9.737.008 víctimas incluidas en el RUV, 4.839.993 son mujeres; 4.889.870 son hombres y 6.398 se identifican como población con orientación sexual e identidad de género diversa. En cuanto a la pertenencia étnica, 1.281.129 se autorreconocen como población afro, 641.182 como indígenas, 11.414 como raizales, 8.108 como palenqueras y 9.908 como población Rrom.
Respecto a grupos etarios, la población adulta entre los 29 y 60 años, ha sido la más afectada por el conflicto, con 4.027.973 víctimas, seguida por los jóvenes entre 18 y 28 años, con 2.179.285, y los mayores de 60 años, con 1.433.882.
Temas recomendados
Por su parte, Antioquia continúa siendo el departamento con mayor cantidad de víctimas, con 1.920.929. Enseguida se sitúan Bolívar, con 741.789; Nariño, con 632.434; Valle del Cauca, con 620.013; Cauca, con 548.341; Chocó, con 544.859; Magdalena, con 529.216; Córdoba, con 470.971; César, con 462.325 y Norte de Santander, con 401.443.
Después del desplazamiento forzado, el mayor hecho victimizante es el homicidio, con 1.110.187 víctimas (278.648 directas y 831.539 indirectas), las amenazas, con 713.000 víctimas; la desaparición forzada, con 196.604 víctimas (52.151 directas y 144.453 indirectas); los confinamientos, con 146.202 víctimas y la pérdida de bienes muebles o inmuebles, con 129.750 víctimas.
Conoce aquí las cifras de caracterización y el boletín completo de Datos para la Paz.
