En cumplimiento del compromiso del Estado colombiano con la reparación integral a las víctimas en Pitalito, Huila, la Unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado realizaron un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional a mediados de noviembre para el caso de Aránzazu Meneses y sus hijos, quienes sufrieron desplazamiento forzado desde el 2001 como resultado de las constantes amenazas y atentados contra su vida.
Durante el acto, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Lourdes Castro García, reconoció la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de los derechos fundamentales a la integridad personal, las garantías judiciales, los derechos de la niñez, la libertad de circulación y residencia, la protección judicial y el derecho al trabajo.
“Reconozco la responsabilidad del Estado y hago formalmente una solicitud de perdón, además resalto la importante labor de las personas defensoras de derechos humanos en la lucha contra la impunidad y la construcción de paz. Quedan medidas de reparación por cumplir y no pueden dilatarse en el tiempo porque estaríamos volviendo a la misma situación de revictimización. Me comprometo como consejera presidencial a hacer seguimiento para que las medidas que faltan se cumplan”, agregó.
Por su parte, Aránzazu Meneses enfatizó: “Este momento representa el florecimiento de un árbol de vida, aunque tomó años en germinar hoy se alza gracias a la perseverancia, al deseo de seguir adelante y al triunfo compartido. Hoy quiero enviar un mensaje al país, a las mujeres que hemos sufrido las consecuencias de la guerra y enfrentado innumerables calamidades, a que no nos rindamos nunca, debemos mantenernos firmes, luchando”.
Y agregó: “Como madre cabeza de hogar quiero compartir un mensaje de fortaleza y esperanza, sé lo que significa enfrentar retos con el corazón lleno de dolor pero también con las manos llenas de esperanza. A las fuerzas armadas y grupos ilegales les exijo que bajen las armas para que los niños puedan tener un hogar digno. Es hora de construir una Colombia en paz donde la violencia no sea el lenguaje que nos defina. Busquemos los caminos del perdón y reconciliación. Gracias a todas las personas que me ayudaron cuando tuve los brazos caídos”.
Antes del acto, el director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés, explicó: “Este acto de dignificación no solo permitirá al Estado pedir perdón y reconocer la responsabilidad de manera pública a la familia, sino que busca enviar un mensaje claro a toda la sociedad colombiana, con un llamado a la reconciliación y un compromiso firme con la no repetición de este tipo de hechos violentos. Adicionalmente, se espera contribuir al resarcimiento de las heridas de las víctimas y a la construcción de un futuro en el que nuevas generaciones puedan vivir en paz y superar los dolorosos episodios que han marcado la historia de nuestro país”.
En palabras de Lesdy Marlody Rodríguez Quiñones, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Caquetá y Huila: “Como apuesta de Gobierno y propiamente de la Unidad para las Víctimas, se busca propiciar la materialización de procesos de reconocimiento de responsabilidad en todo el territorio nacional como aporte a la dignificación del buen nombre de las víctimas, a construir una narrativa de país desde la verdad de las víctimas, y a generar y fortalecer los procesos de memoria que nos permitan identificar y abordar lo que se debe garantizar para la no repetición. Estos procesos son un aporte al tránsito hacía una paz total y a materializar ejercicios que conduzcan a la reconciliación que nos debemos como país, un país que ha estado en conflicto por más de 50 años”.
Por su parte, Jomary Ortegon Osorio, abogada de Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo y representante de las víctimas ante la Comisión Interamericana, señaló que el acto realizado dignifica el largo camino recorrido por Aránzazu Meneses en búsqueda de justicia y que la mejor manera de honrarlo era cumpliendo plenamente el acuerdo de reparaciones pactado y asegurando la implementación de garantías de no repetición.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, acompañó el acto público de reconocimiento de responsabilidad y señaló que: “Aránzazu es mujer, lideresa, sindicalista, viuda, madre soltera, abuela, desplazada y luego exiliada, y sobre todo sobreviviente. No podemos transformar el pasado, pero esto debe tener sentido para transformar el futuro, para que su hija, su nieta y muchas mujeres puedan ver el esfuerzo de todas las mujeres por el derecho a una vida libre de violencias, sin tener que enfrentar estigmatización”.
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La unión de esfuerzos entre entidades permitió que se desarrollara un proceso con la familia que fue víctima y sus representantes. Este finalizó con el acto de reconocimiento, teniendo en cuenta las expectativas de dignificación y reparación de los daños morales, así como la elección del momento y lugar adecuados. De esta manera también se honraron las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Resaltar el poder transformador de las víctimas del conflicto armado es una de las apuestas más importantes de la Unidad para las Víctimas. Seguimos trabajando para dignificarlas y reconocer su capacidad de cambiar las condiciones de vida de sus familias, comunidades y territorios.
