Dando continuidad al proceso participativo sobre la reforma a la Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, este sábado se realizó la audiencia pública dedicada a escuchar a las víctimas que se encuentran en el exterior que por motivos enmarcados en el conflicto armado tuvieron que salir de Colombia.
Por este motivo, la sesión se desarrolló de forma virtual y contó con la participación de 140 voceros e integrantes de organizaciones de víctimas de países como España, México, Chile, Suecia, Ecuador, Argentina, Venezuela, Brasil, Noruega, Alemania, Canadá, Italia, entre otros.
A la sesión se conectó la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí. “Nosotros pusimos en la propuesta que primero en la definición se deben reconocer las víctimas en el exterior como sujetos de derechos, independiente de su status migratorio en el país donde habita”, resaltó durante su intervención.
El espacio también contó con la participación de delegados del Ministerio de Agricultura y la Unidad de Restitución de Tierras, y algunos congresistas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Es justamente en esa célula congresional donde se iniciará la discusión en firme del proyecto de ley una vez se presente la ponencia. Se espera que este paso se dé en la segunda semana de abril, para iniciar el trámite del proyecto que requiere de cuatro debates para su aprobación.
Los vacíos para acceder a sus derechos en el exterior y la visibilización en Colombia de su situación de migración forzada fueron dos de las principales inquietudes que expusieron los participantes durante la sesión. Asimismo, reiteraron colectivamente que es necesario que el proyecto de reforma que se discuta en el Legislativo reconozca el exilio como un hecho victimizante. Incluso, que este concepto sea ampliado e incluya no solo a los refugiados, sino también los demás estatus reconocidos bajo la Declaración de Cartagena.
Al respecto, Manuel Velandia, víctima y representante de plataforma LGBTI por La Paz, insistió en que es fundamental dar claridad sobre los conceptos que abarcan a los sobrevivientes del conflicto armado que residen por fuera de Colombia: “Es importante que en la ley se diferencien los conceptos de asilo, refugio, retorno y exilio como hecho victimizante”.
“Tal vez ustedes no lo saben, pero cuando recibimos el estatus de asilo se nos informa que no podemos acercarnos a las embajadas y consulados colombianos”, agregó, resaltando que esta realidad dificulta el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Por tanto, consideró que este tema debe tocarse en la discusión.
Por otro lado, en esta audiencia virtual las víctimas manifestaron que es indispensable el trabajo conjunto entre la Unidad para las Víctimas, la Cancillería y las representaciones diplomáticas de Colombia en el exterior, siendo esta una idea que se ha repetido en las audiencias pasadas. John Jairo Romero, exiliado en España desde 1993 y representante de las víctimas en el exterior ante la Mesa Nacional de Víctimas, agregó que el trabajo coordinado en ese sentido servirá para “fortalecer las rutas de acceso y apoyo” a las víctimas.
“Esta situación crítica nos convoca a reevaluar y robustecer nuestras política y estrategias de atención integral y transversal a los migrantes colombianos en el exterior, quienes además de ser víctimas, de sufrir el desplazamiento forzado transfronterizo, deben sufrir el desarraigo, la pérdida de la identidad cultural, y pérdidas económicas y académicas”, afirmó Romero.
Esta situación también la viene documentando el Instituto Kroc, cuya vocera, Ángela Ramírez Rincón, describió que algunas conclusiones que tienen es que existen “barreras para beneficiarse de la oferta institucional dispuesta para ellas en parte porque hay un desconocimiento de esta oferta por parte de las victimas, pero también porque algunos funcionarios de consulados no tienen conocimiento de sus derechos”.
La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, recalcó que para resolver las dificultades de acceso a los derechos, mencionadas por las víctimas en el exterior, se debe tener en cuenta los estatus migratorios que se generan en los diferentes lugares en los que se encuentran. “Persisten dificultades para la ruta de acceso a derechos, también en cuanto a los traslados y la oferta. Todo esto la Comisión de la Verdad recomendó reconocer el exilio, el refugio y la situación de los derechos de la población que están por fuera de Colombia”, repitió.
Sobre la mesa para la discusión en el Congreso quedan ese y otros temas que impactan directamente a las víctimas del conflicto armado que viven por fuera de Colombia. Entre ellos, estará la obligación de garantizar una respuesta “oportuna y eficaz para la protección de sus derechos, incluyendo el retorno al territorio nacional”, como mencionó Tobón Yagarí, pero también la atención efectiva para quienes decidan continuar por fuera del territorio nacional y así “facilitar su acceso a las medidas de reparación a las que tenga derecho en razón de su victimización”.
Resaltar el poder transformador de las víctimas del conflicto armado es una de las apuestas más importantes de la Unidad para las Víctimas. Seguimos trabajando para dignificarlas y reconocer su capacidad de cambiar las condiciones de vida de sus familias, comunidades y territorios; son las víctimas del conflicto armado quienes hoy deben tener la palabra, pues son quienes han dado segundas oportunidades y son el referente ético y moral para guiar al país hacia la Paz Total.
