La Unidad para las Víctimas construyó la ‘Guía para la incorporación de la política pública de víctimas con enfoque de soluciones duraderas’, un documento que pretende servir de insumo para la realización de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT). Desde finales de enero de 2024, la entidad empezó la socialización de la Guía con los nuevos alcaldes y gobernadores de todas las regiones de Colombia, a través de encuentros liderados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Es una herramienta que la Unidad dispone para que las víctimas también sean tenidas en cuenta en la planeación territorial que hagan los mandatarios recién posesionados. En otras palabras, la guía explica cómo incluir la política pública de víctimas en el diagnóstico, la parte estratégica y la financiación, las tres fases de la construcción de los PDT. Esto contribuirá a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional para las víctimas de desplazamiento forzado.
El diagnóstico
En la primera fase de la planeación, la entidad territorial deberá incluir información sobre cómo ha sido la implementación de la política pública de víctimas en su jurisdicción. Es importante contar con información de los empalmes con las administraciones pasadas relacionada con recursos destinados y ejecutados, y beneficiarios de esos recursos sobre esta materia.
También, requiere conocer la situación de las víctimas en su territorio a fondo: cuántas víctimas hay allí, qué hechos vicmizantes han declarado, cómo ha sido el pago de las indemnizaciones, si hay presencia de Sujetos de Reparación Colectiva, comunidades en proceso de retornos o reubicaciones, o situaciones de emergencias humanitarias.
La guía resalta otros elementos para incluir la política pública de víctimas en los Planes de Desarrollo Territorial. Entre ellos, plantea que las administraciones revisen su capacidad institucional para atender a las víctimas. ¿Cuentan con un enlace de víctimas y una oficina para atenderles? ¿Qué infraestructura posee para estas cuestiones?, son algunas preguntas vitales para un diagnóstico apegado a la realidad territorial para responder a la situación, descripción, problemática y necesidades de la población víctima del conflicto armado en su territorio.
Parte estratégica
En esta fase se deben plasmar los planes, programas, proyectos y metas que define cada mandatario, de acuerdo con su plan de gobierno, para planear su acción o gerencia pública durante el tiempo de su gobierno por sectores: salud, educación y vivienda, entre otros. En materia de víctimas, la Unidad orienta a los mandatarios en el sentido de que deben tener un capítulo específico para las víctimas donde deben reflejar las competencias de la entidad territorial como lo son los recursos que deben mantener para financiar las mesas de participación, recursos para atender las emergencias humanitarias, recursos para atender a las víctimas y recursos para auxilios funerarios para víctimas del conflicto en el caso de que su familia no tenga como sufragar esos gastos, entre otros aspectos.
Temas destacados
Asimismo, deben mantener recursos para conmemorar el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, y para agua y saneamiento básico de las áreas en las que residen las víctimas en su región o territorio.
Financiación o plan de inversiones
En esta fase se deben reflejar los recursos y la fuente de los recursos que la entidad territorial definirá para los programas y proyectos en los que tiene competencias exclusivas para las víctimas y en los que deja metas para víctimas en los programas sociales que tenga a su cargo.
Sobre este particular, se destaca los recursos que recauda la entidad vía impuestos, los que le llegan vía transferencia desde el Sistema General de Participación y otros que puede gestionar por cooperación internacional o por alianzas público-privadas.
Esta cartilla es la primera de una serie de varias que formarán parte de una caja de herramientas. La próxima publicación estará relacionada con el tema étnico.
