La Unidad para las Víctimas acompañó el segundo Comité de justicia transicional de Guática, en el departamento de Risaralda, con el fin de realizar el seguimiento a la implementación de la política pública de víctimas en el territorio y verificar la aprobación del PAT.
“Quiero reiterar mi compromiso como alcalde y de la administración municipal, en no escatimar ningún esfuerzo que esté en nuestras manos para mejorar la calidad de vida de las víctimas de la violencia que habitan en nuestra localidad; es nuestro compromiso avivar cada proceso que se pueda desarrollar en favor de ellos y garantizarles los derechos, esperamos también que este PAT nos ayude en ese objetivo”, aseguró el mandatario local William David Soto Ramírez.
Además de la Unidad y los funcionarios de la administración municipal, asistieron también a este crucial encuentro el ICBF, las representantes de víctimas ante el comité Olga Guerrero y María Alcira Guapacha, la personera municipal Lina Marcela Vinasco, la dirección local de salud y las fuerzas armadas.
Mediante la aprobación unánime de este plan, se pretende trabajar sobre los aspectos de prevención y protección, superación de la situación de la vulnerabilidad de las familias víctimas que viven en el municipio y fomentar la reparación integral de las personas a partir de la formulación y desarrollo de programas, planes y proyectos agropecuarios.
Las acciones también comprenden avances en temas de salud, educación, alimentación, mejoramiento de vivienda, generación de ingresos, garantías de participación, entre otras. Con Guática ya son cinco los municipios que cuentan con un PAT aprobado en el departamento de Risaralda, procedimiento fundamental para poder trabajar de manera clara y ordenada en favor de la población víctima que habita en esta zona del país.
Como representantes de las víctimas, María Alcira Guapacha y Olga Guerrero, solicitaron mejores garantías de participación para las víctimas y se mostraron a la expectativa del inicio de todas las actividades que se comprenden en el PAT y que sumados a los programas y proyectos se traducen a una inversión de la Administración municipal cercana a los $450 millones, enfocados a las víctimas.
(Fin/EHB/CMC/LMY)
