En el marco de la Comisión de Seguimiento a la Ley 1448 del 2011, que lidera el Congreso de la República, fue analizado el estado de la política pública en Buenaventura y se propuso establecer una “Mesa virtual permanente” para articular entidades y organizaciones relacionadas con esta población.
En este municipio, el 52,7 % de los pobladores es víctima del conflicto armado (164.238 personas).
Durante el encuentro de la célula legislativa del Congreso, la Unidad para las Víctimas presentó un informe con las acciones desarrolladas por la entidad en este territorio.
“Tenemos una especial atención con el Distrito de Buenaventura, que es un municipio con una alta población víctima. Este es un municipio PDET (con Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial) y con el cual también trabajamos a nivel de los compromisos asumidos con la Mesa del Paro”, dijo la directora territorial de la entidad en el Valle, Luz Adriana Toro Vélez.
En Buenaventura, la Unidad para las Víctimas ha entregado desde que está vigente la Ley de Víctimas, 10.655 giros de indemnizaciones administrativas, recursos que suman $69.255 millones.
En el periodo de emergencia sanitaria (19 marzo al 30 de junio del 2020) se tramitaron 1.488 indemnizaciones por $8.748 millones.
La funcionaria señaló que a través de la Unidad se estudia este año la posibilidad de apalancar, con apoyo del municipio , 17 proyectos en el marco de Retornos y Reubicaciones, en Cabeceras, Chacajo, Chamapuro y Agua Clara.
Buenaventura cuenta con dos planes de retorno comunitarios, un primer plan aprobado desde el 2015 con tres comunidades indígenas Wounaan de las comunidades de Chachajo, Chamapuro y Agua Clara, y un segundo plan de retorno aprobado en el 2018 con la comunidad negra del consejo comunitario de Cabeceras, todas estas comunidades en la cuenca baja del río San Juan.
Carolina Cotes, subdirectora de Nación–Territorio de la Unidad, destacó los ejercicios de acompañamiento y asistencia técnica que se vienen realizado con Buenaventura, tanto con la Alcaldía como con la Mesa de Víctimas, para garantizar la implementación de la política pública de víctimas y ratificó el compromiso de la entidad por avanzar en ese camino.
(Fin/LJA/DFM/LMY)
