Con la asistencia del gabinete departamental, los 19 alcaldes municipales, delegados de la Mesa Departamental de Víctimas, fuerzas militares, entidades del ministerio público y organismos garantes de los acuerdos de paz en los territorios se desarrolló el primer comité ampliado departamental de justicia transicional de Casanare.
Luego de más de un año de virtualidad por el covid-19, el comité fue presidido por la Gobernación de Casanare y tuvo el apoyo técnico de la Unidad para las Víctimas, con una agenda que comprendió el seguimiento a compromisos, aprobación de los planes de contingencia, revisión del sistema integral de paz, temas de restitución de tierras y otros que tienen que ver con las garantías de reparación para las víctimas del conflicto.
Dos temas generaron mayor interés y expectativas. Uno, la socialización del plan de acción territorial para la vigencia 2022 por parte de la Gobernación, el cual supera los $19.000 millones, y en el que se tiene previsto beneficiar también a las víctimas del conflicto, en temas como prevención, ayuda y atención humanitaria, educación, alimentación, vivienda, reparación integral, entre otros aspectos.
El segundo, la actualización y aprobación del concepto de seguridad, socializado por las fuerzas militares y posteriormente aprobado de forma unánime por los 19 alcaldes de los municipios.
Sobre este particular, Carlos Arturo Pardo Alezones, director territorial en Meta y Lanos, expuso sus conclusiones: “nos llevamos un concepto de seguridad favorable en todos los municipios de Casanare, lo cual facilita que la Unidad para las Víctimas pueda intervenir en proyectos e inversión”.
En el plenario, la Unidad también presentó un resumen de los 10 planes de retornos y reubicaciones con los que se viene avanzando desde sus diferentes fases como formulación, aprobación y cierre.
Fin (DMT/COG)
