En un recorrido, de ocho días, en articulación con Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Gobernación de Nariño y el Instituto Departamental de Salud, se realizó la atención a cuatro municipios de la costa Pacífica nariñense.
El Charco, Olaya Herrera, Magüí Payán y Santa Bárbara de Iscuandé fueron los municipios beneficiarios de la implementación de la oferta institucional para la atención a la crisis humanitaria de la población víctima. Además, se adelantaron jornadas de trabajo con secretarías locales, reuniones con autoridades y líderes territoriales y así como comités territoriales de justicia transicional.
La Unidad para las Víctimas también realizó jornadas de entrega de ayuda humanitaria, orientación a población víctima, atención con documentadores y asistencias en la toma en línea y todo lo relacionado con el Registro Único de Víctimas (RUV).
“La Unidad para las Víctimas sigue trabajando para cumplirle a la población y poder generar todas estas acciones que están enmarcadas en nuestras obligaciones legales y misionales”, dijo Sandra Sarria Cruz, directora de la territorial Nariño de la Unidad para las Víctimas.
En total, se entregaron 141 toneladas de ayuda humanitaria para 2.614 familias de los cuatro municipios, correspondiente a kits alimentos, kits de aseo, kits de vajilla y kits de hábitat, que contiene colchonetas, sábanas, cobijas, toldillos y toallas.
Además, se realizaron 597 orientaciones a población víctima, 68 procesos de documentación y 32 procesos de asistencia técnica para registro en el RUV.
Todas estas acciones se enmarcan en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el Auto 620 de 2017, mediante el cual se decretó el estado de cosas inconstitucional de los territorios étnicos del Pacífico nariñense y se ordenó al Gobierno Nacional adoptar medidas de urgencia para atender la situación.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
