Tal como reza el slogan de la Unidad para las Víctimas: “Cambiamos para servir”. Esto se evidenció a través de los logros y avances que reportó la Dirección Territorial de Norte de Santander y Arauca durante la vigencia de 2023, que se caracterizó por la descentralización en su gestión y el acercamiento a las comunidades en las zonas más apartadas del territorio.
Al respecto, Judith Maldonado Mojica, directora territorial de Norte de Santander y Arauca, expresó que se hizo un esfuerzo por descentralizar la función y la presencia de los funcionarios y fortalecer los equipos de trabajo en Arauca, para que no quedara centralizado sólo en la ciudad capital. Lo mismo con Norte de Santander. “Ese fue un primer esfuerzo, pero también decidimos aplicar una estrategia de intervención integral, desde servicio al ciudadano tenemos la tarea de llevar jornadas de atención y asesoría a las víctimas en diferentes lugares de los dos departamentos, para lo cual articulamos con las mesas de participación de víctimas donde ellas sugerían en qué lugares del municipio de zona rural valía la pena llevar estas jornadas”, añadió.
Sin lugar a dudas, uno de los logros más relevantes y que suele ser el tema de mayor interés para las víctimas es lo relacionado con la reparación individual o indemnización administrativa. En este aspecto, el monto de las indemnizaciones entregadas fue sin precedentes, en corresponsabilidad con la voluntad del Gobierno del Cambio, que está haciendo todo el esfuerzo por superar el rezago histórico en este tema. Con corte al 30 de noviembre de 2023 se entregaron 7.069 giros que beneficiaron a 5.629 personas. El año anterior se hicieron 4.493 giros para 3.794 personas.
Este año se implementaron cambios positivos en materia de reparación individual priorizando las víctimas de los municipios más vulnerables, como los de la región del Catatumbo que llevaban hasta 20 años esperando por su indemnización, o los adultos mayores, personas con discapacidad y enfermedades huérfanas o catastróficas.
En cuanto a reparación colectiva, se lograron avances significativos con los 21 Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) de la territorial, 13 en Norte de Santander y 8 en Arauca, destacándose los avances con aquellos que ni siquiera estaban en fase inicial como la Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT (municipios PDET) que logró llevarse a etapa de alistamiento; la protocolización del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) del Sujeto Catalaura de Tibú, y con el Corregimiento de Filogringo de El Tarra, se avanzó a etapa de diagnóstico del daño.
Con los SRC Acoopinot, La Malla y Pueblo Nuevo se avanzó en la elaboración de los PIRC. Otros, como la Comunidad del Sector Malla del Aeropuerto, Barrios Buenos Aires, La Hermita y Camilo Daza de Cúcuta, el Pueblo indígena Motilón Barí de Tibú, El Carmen, Convención, Teorama y El Tarra, la Asociación Popular Cooperativa Integral de Otaré Ltda, Apcoopinot Ltda y el Corregimiento de Pueblo Nuevo del municipio de Ocaña, llegaron a la etapa de Formulación del PIRC.
Por otro lado, en cuanto a la implementación de las medidas de asistencia atención y reparación integral con las comunidades indígenas, se avanzó en el diseño y formulación del PIRC con el pueblo Motilón Barí. Con el pueblo Catalaura se protocolizó el PIRC y, a través de la dirección de Reparación se indemnizó al SRC. Con el Pueblo Rrom o gitano se llevó a cabo la jornada de caracterización para medir las subsistencias mínimas que tiene la Kumpany Rrom de Cúcuta y con las comunidades negras se pudo avanzar en relación a unas ofertas institucionales que se dieron en el departamento, donde participaron víctimas de los municipios de Cúcuta, Los Patios, El Zulia, Villa del Rosario. Asimismo, se pudo socializar la propuesta de participación efectiva como el protocolo para las comunidades negras, en el marco de los compromisos de la mesa consultiva de alto nivel.
Sobre Retornos y Reubicaciones, la Dirección Territorial brindó acompañamiento y apoyo a las comunidades retornadas en sus procesos de superación de la situación de vulnerabilidad, llegando a comunidades de Norte de Santander con dos esquemas especiales de acompañamiento de tipo comunitario, para contribuir a mejorar la calidad de vida de las zonas rurales mediante dotación para salones comunales y sedes educativas.
De la misma forma, se focalizó a las familias para las entregas de unidades de negocio en los municipios de San Calixto y Teorama, logrando así emprender y ayudar a fortalecer pequeñas unidades de negocio que tienen los habitantes de la región y para fortalecer su economía desde lo familiar. La Unidad Para las Víctimas logró entrar a zonas rurales con el acompañamiento de los entes territoriales, generando confianza hacia la entidad y consiguiendo el empoderamiento y territorialidad, frente al tema del cumplimiento en la implementación de la Ley de Víctimas, especialmente en los procesos de Retorno y Reubicación.
A través de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencia (SPAE) en 2023 se atendió el 100% de las emergencias humanitarias masivas presentadas en el departamento como desplazamientos masivos, atentados terroristas y confinamientos. También fue verificado el 100% de los hechos victimizantes reportados. Se tienen en ejecución 28 proyectos de infraestructura social y comunitaria en el marco de la prevención por un valor aproximado a los $2.548 millones; se benefició a 740 familias con proyectos agropecuarios por al menos $560 millones; se brindó apoyo por corresponsabilidad en ayuda humanitaria inmediata con más de $3.000 millones y en especie por un monto que supera los $2.800 millones. 1.051 hogares (481 de Norte de Santander y 570 de Arauca), han sido beneficiados con recursos por $1.052.497.000.
Este año la Unidad para las Víctimas llegó a comunidades donde nunca había llegado mediante la estrategia de Acciones Transformadoras Integrales para la Prevención con salones comunales y mobiliario para sedes educativas, además, está planeada la inversión en proyectos de infraestructura como placa huella y salones comunales para las comunidades más apartadas y que han sido profundamente afectadas por el conflicto armado.
Se hizo un avance significativo respecto a otros años, pues no solamente se hizo recuperación emocional grupal en la ciudad de Cúcuta y en sus alrededores, sino que la Unidad también llegó a territorios distantes y complejos, como la región del Catatumbo, para abordar comunidades rurales. Por otra parte, llegar con indemnizaciones administrativas a las zonas donde no se había llegado, como los municipios PDET, priorizados por el Gobierno, incrementó la participación de las víctimas porque generó confianza entre estas comunidades que llevaban décadas esperando la indemnización administrativa. Eso abrió las puertas y atrajo a más víctimas hacia sus procesos de rehabilitación psicosocial.
En lo referente al equipo de Contribuciones a la Verdad, en la territorial se volcaron a acompañar los actos de dignificación y de memoria. Entre las actividades de medidas de satisfacción y garantías de no repetición implementadas por este equipo, a través de la estrategia “Fortaleciendo Capacidades”, se llegó a 790 víctimas en los departamentos de Norte de Santander y Arauca, superando la meta establecida.
También se tuvo un SNARIV más incluyente, con un enfoque más territorial y con las víctimas en el centro. Se llevaron a cabo 35 jornadas con ferias de servicios del SNARIV, en las que se atendieron aproximadamente 2.500 personas, brindando orientación, asesoría y garantizando el acceso a la oferta de servicios institucionales en educación superior, salud y empleo. Se entregaron más de 330 libretas militares en la territorial y se facilitaron los trámites y servicios en entidades como el SISBEN, el ICBF, el SENA, el Ejército, la Unidad de Tierras, la UBPD.
Uno de los logros más destacables de la territorial este año fue la realización del SNARIV Frontera y Territorial Norte de Santander y Arauca. Se trató de un piloto, ya que por primera vez que se realizaba un evento de tal importancia en la región, contando con la participación de autoridades territoriales, entidades del orden nacional, departamental y municipal y con los representantes de las víctimas, quienes se reunieron para desarrollar conjuntamente una jornada para articular la oferta institucional en todos los niveles gubernamentales, frente a la implementación de la política pública de víctimas, atendiendo a las particularidades del territorio y satisfacer las necesidades de la población víctima en la zona de frontera.
En el área de Participación, desde el comienzo de año se trabajó por el fortalecimiento de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas, se animó y promovió la inscripción de todas las organizaciones de víctimas para que participaran en este proceso y se brindó acompañamiento técnico, tanto a las mesas como a las Personerías Municipales para que se adelantaran los procesos de elección a nivel municipal y departamental. Se acompañaron los dos ejercicios de elección departamental: en Arauca el 7 de octubre, y en Norte de Santander el 21 de octubre.
Otro de los puntos a resaltar es el posicionamiento de la Unidad para las Víctimas en relación a la dirección territorial frente al CRAV ya que, tras varias comisiones de seguimiento de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría, evidenciaron que el Centro Regional Cúcuta, las cosas se han venido haciendo de la mejor manera ajustados y apegados a la ley y se han eliminado las barreras de acceso que enfrentaban las víctimas en los años anteriores. la dirección territorial hizo una gestión importante para aumentar un poco su planta de personal con un talento humano bastante capacitado, eso ayudó no solamente a dignificar el trato hacia las víctimas, sino realmente se logó mejor operatividad. En 2023, desde Atención al Ciudadano, la territorial realizaron 73 jornadas en los dos departamentos, atendiendo 12.419 víctimas y tramitando 12.514 solicitudes presentadas.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
