Jun
28
2022

Acuerdo con comunidades afros expuestas a alto riesgo en Chocó

Se protocolizaron casi el 100% de las medidas propuestas por las comunidades, entre las que se destacan las relacionadas con la implementación de proyectos productivos, conectividad a internet, mejoras en la prestación del servicio de salud, creación de museos, entre otros asuntos.

Miembros de los consejos comunitarios de Cuevita, Pavasá, Pilizá y Virudó, del Chocó, en jornada de protocolización de sus planes específicos.
BOGOTÁ, D.C.BOGOTÁ, D.C.

Luego de cuatro días de diálogos con las entidades oficiales, los consejos comunitarios de Cuevita, Pavasá, Pilizá y Virudó, del Chocó, protocolizaron sus planes específicos de prevención, protección y atención a víctimas de comunidades y pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, víctimas de desplazamiento y confinamiento forzado, de acuerdo con lo ordenado por la Corte Constitucional en el auto 005 de 2009 que busca mejorar las condiciones de vida de estas comunidades.

El evento inició con el acto protocolario que reconoció a las comunidades chocoanas de Cuevita y Pilizá como sujetos colectivos de reparación, seguido de los requerimientos surgidos de las necesidades de esas comunidades afro que viven en situación de riesgo por la presencia de los grupos armados ilegales, las cuales evidencian problemáticas de salud, educación y economía, entre sus principales carencias.

Para subsanar esas falencias y construir colectiva y concertadamente los planes específicos, los consejos comunitarios dialogaron, discutieron y transaron medidas con la Agencia de Desarrollo Rural, el Departamento para la Prosperidad Social, ICBF, ICETEX, SENA, Gobernación del Chocó, alcaldías, Ministerios del Interior, Agricultura, Comercio, Cultura, Deporte, Educación, Salud, Vivienda, y la Unidad para las Víctimas, entre otras entidades.  

Los planes específicos son herramientas a través de las cuales las entidades en coordinación pretenden brindar una atención adecuada a las necesidades de las comunidades negras para su prevención y protección, como ordenó la Corte Constitucional en 2009.  

Se protocolizaron casi el 100% de un total de 91 medidas propuestas por las comunidades a las entidades, entre las que se destacan las relacionadas con la implementación de proyectos productivos, conectividad a internet, mejoras en la prestación del servicio de salud, creación de museos, entre otros asuntos.  

Sobre las planes específicos protocolizados, Jesús Armando Córdoba, del Consejo Comunitario de Virudó, expresó: “Gracias a Dios las cosas se nos dieron y esperamos resultados de diferentes entidades que nos ayuden a mitigar las problemáticas que tenemos en nuestras comunidades, como la construcción de un muelle elevado en concreto, el amurallamiento de la comunidad porque con las mareas altas hay inundaciones, tener un escenario deportivo cubierto, parques infantiles, lanchas tipo taxi para el traslado de productos o de personas en caso de riesgo, entre otras medidas”.

Por su parte, Arselio Mosquera Valencia, del consejo comunitario de Pavasa, ubicado en la zona norte del municipio del bajo Baudó, afirmó: “El evento fue satisfactorio, y entre las 27 medidas se destacan la construcción y elaboración del plan de desarrollo del corregimiento para poderlo insertar en el plan de desarrollo municipal”. 

Al respecto, la directora de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, Luz Amanda Pasuy resaltó que esta protocolización “nos permite decir que vamos avanzando en la garantía de los derechos de las comunidades afros, negras, raizales y palenqueras, que son comunidades afectadas por múltiples hechos víctimizantes. El gran resultado para destacar es el ejercicio del diálogo entre el gobierno propio de los consejos comunitarios y el Gobierno nacional para llegar a acuerdos que permitan la protección, la prevención y la garantía de la no repetición de estos hechos de violencia en los territorios y comunidades negras de Colombia”. 

Con la protocolización de estos planes específico se benefician más de 2.000 habitantes de la región, quienes anhelan, además, tener aliados comerciales que los capaciten en la transformación y elaboración de sus productos, que según los representantes de la región se dañan porque no tienen salida.

Este aprovechamiento de los recursos naturales también va acorde a la idea consensuada en los consejos comunitarios de Cuevita, Pavasa, Pilizá y Virudó, de acabar con el negocio de la madera, esperanza que expresó Córdoba: “En estos momentos nuestros campesinos viven de la tala de árboles, y es lo que nosotros queremos erradicar, pero necesitamos de esos proyectos productivos agrícolas y pesqueros fortalecidos para cambiar la mentalidad de nuestros campesinos, con el fin de construir un nuevo futuro en nuestros corregimientos y que la gente regrese a trabajar el campo”. 

Fin/EGG/COG