Fincas con extensas hectáreas de tierra, lotes, casas y apartamentos, constituyen una parte de la fortuna que durante años amasaron los comandantes de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia y que, desde 2005, componen el patrimonio destinado a reparar a las miles de víctimas del paramilitarismo. Con corte al 14 de diciembre, son 2.948 bienes inmuebles que están a cargo del Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV). Durante sus más de 10 años de existencia, la principal misión del Fondo ha sido administrarlos y venderlos para pagar las indemnizaciones de las víctimas reconocidas en las sentencias falladas en la Ley de Justicia y Paz.
Sin embargo, cumplir con este propósito estuvo en entredicho durante mucho tiempo por cuenta de múltiples dificultades que tomaron ventaja a lo largo de las anteriores administraciones del Fondo. Entre esas barreras está, por ejemplo, la recepción de bienes –entregados por la Fiscalía- que no tienen vocación reparadora, es decir, que no sirven para ser arrendados o vendidos porque la tierra se la comió la minería ilegal, o porque las construcciones dentro de los predios tienen serios daños que los hace inhabitables.
Otros obstáculos han sido las ocupaciones irregulares y hasta el difícil acceso a las propiedades, en especial a las que quedan en la ruralidad, ideales para trabajos agrícolas. La presencia de grupos armados ilegales que ingresaron a disputarse el territorio tras la desmovilización de las estructuras paramilitares interrumpieron las debidas revisiones anuales que debía hacer la entidad.
Todo esto fue lo que recibió la administración del FRV en el Gobierno del Cambio. Fue, también, lo que de entrada se dispuso a mejorar para ejercer una correcta y eficiente administración, y así erradicar prácticas que ponían en duda la gestión para las víctimas. Eso fue 2023 para el Fondo: un año de transformación. Muestra de dicho esfuerzo son los recursos totales monetizados para este año, pues ascienden a más de 28.000 millones de pesos. Es un monto importante porque durante los 10 últimos años de trabajo del Fondo el valor total monetizado fue de 17.000 millones de pesos.
Lo primero que hizo esta administración fue poner en conocimiento de la Secretaría de Transparencia las irregularidades que encontró y así el ente adelantó una auditoría formal cuyos resultados fueron elevados a Presidencia. Paralelo a esto, durante todo el año, esta área de la Unidad para las Víctimas llevó a cabo un profundo análisis de sus bases de datos para entender qué anomalías presentaban los predios.
Para comparar si la información que reposaba sobre el papel correspondía a la realidad, el Fondo realizó 1.509 inspecciones, dos de ellas masivas realizadas en Puerto Boyacá, en donde recuperó 30 bienes (41,09% del total inspeccionados), y en Cáceres, Tarazá y Caucasia, del Bajo Cauca antioqueño, municipios en los que retomó 53 bienes (64% del total que reposan allí). Gracias al trabajo en terreno a lo largo del país, el Fondo cerró este año con 327 bienes recuperados que en recursos se traduce a un recaudo por un valor aproximado de 1.970.637.128 millones de pesos por concepto de acuerdos de pago y un valor mensual aproximado de 486.000.000 millones de pesos por concepto de promesa de contrato y contratos suscritos.
Las inspecciones no solo permitieron identificar cuál era el estado real de los bienes, sino también determinar que en varios de ellos existían casos de estafa a arrendatarios o terceros de buena fe, actualizar cánones de arrendamiento que a veces resultaban estar muy por debajo del valor que correspondía, dialogar con los ocupantes para formalizar contratos, hacer acuerdos de pago o promesas de contrato. Abrir la conversación con las personas que habitaban irregularmente las propiedades fue una de las principales apuestas del Fondo en el territorio. Funcionó como una alternativa que escogió esta administración para evitar llegar con la fuerza pública a desalojar a quienes no tenían relación contractual con el Fondo.
Asimismo, el trabajo de este año se tradujo en la venta de seis inmuebles rurales: tres están ubicados en Montería, Córdoba, dos en Tarazá, Antioquia, y uno en Puerto Gaitán, Meta. Este último, el más grande y el que más tierra tiene (448 hectáreas), cuenta con un proyecto productivo de palma de aceite y se vendió por un valor de 6.805.627.967 millones de pesos. En total, la enajenación de los seis inmuebles generó 11.363 millones de pesos.
Avanzando en las indemnizaciones judiciales
Durante la vigencia de 2023, el Fondo para la Reparación a las Víctimas logró una cifra histórica en cuanto al pago de indemnizaciones judiciales. En este año se logró la mayor asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación hechas en un año desde la creación del FRV: con corte al 21 de diciembre se realizaron 4.939 giros de pagos a 4.234 víctimas, lo que ha representado una ejecución de recursos del Presupuesto por un valor de 142.157 millones de pesos.
Cabe resaltar el avance en los pagos parciales de las indemnizaciones judiciales con respecto a 45 sentencias ejecutoriadas. Las más representativas durante la vigencia fueron:
Fredy Rendón Herrera – alias El Alemán, con una ejecución de 15.626 millones de pesos, correspondientes a 868 giros a la fecha. Se precisa que se están adelantando otros procesos de colocación de giros.
Iván Roberto Duque – Bloque Central Bolívar, con una ejecución de 650 giros correspondientes a 18.223 millones de pesos. Se precisa que se están adelantando otros procesos de colocación de giros.
Salvatore Mancuso, con una ejecución de 572 giros a 18.747 millones de pesos. Se precisa que se están adelantando otros procesos de colocación de giros.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
