La Unidad para las Víctimas como coordinadora del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y con el fin de identificar los objetivos y las metas que espera cumplir cada una de las entidades del nivel nacional del Sistema, expidió la Circular 0026 del 15 de noviembre de 2002, con la que formula un Plan de Acción y Fortalecimiento Institucional en desarrollo de los componentes, líneas de acción y las medidas establecidas en la Política Pública de Prevención, Protección, Asistencia, Atención y Reparación Integral para cada vigencia fiscal y en concordancia con sus competencias.
Estas entidades en el marco de sus competencias, responsabilidades y compromisos asumidos deben tener en cuenta la adopción de los lineamientos que se encuentran en el Plan de Acción y Fortalecimiento Institucional 2023, los cuales, como lo establece la Circular 0026, deben considerar todos los enfoques diferenciales. Es importante resaltar que con el compromiso de las entidades del Gobierno se contribuye en el restablecimiento de los derechos de las víctimas y la reconstrucción de sus proyectos de vida.
Según la Unidad para las Víctimas, en la actualidad, se han reconocido 9’379.858 víctimas, de las cuales 7’451.797 son sujetos de atención. De estas, el 91% son víctimas de desplazamiento forzado. Es decir, que cerca del 15% de la población colombiana ha sufrido, al menos, un desplazamiento forzado. Según los registros de SISBEN IV, que contienen información de las condiciones de vida de 4.8 millones de desplazados, el 83% de esta población se encuentra en situación de pobreza (44% en pobreza extrema y 39% en pobreza moderada).
Además, se han atendido este año 31 comunidades confinadas que representan cerca de 32.000 personas. Se han identificado 866 sujetos de reparación colectiva y 970 comunidades en proceso de retorno y reubicaciones que requieren una respuesta integral por parte del Estado colombiano con soluciones duraderas integrales que permitan superar su situación de vulnerabilidad y la falta de acceso a derechos como consecuencia del conflicto armado.
Se ha solicitado pasar de una política asistencialista a una política que contribuya a generar soluciones duraderas que garantice la estabilización socioeconómica de las víctimas, con claras políticas de vivienda, educación y generación de ingresos, toda vez que existe un rezago histórico de incumplimientos de la política de víctimas, que, según los órganos de control, para superarlos se requieren más de 90 años y cerca de 302 billones de pesos. Este incumplimiento ya ha sido declarado por la Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T-025 de 2004, en la que han proferido más de 500 autos de seguimiento. También lo han dicho las Comisiones de Seguimiento de la política pública de víctimas que presentan anualmente más de 300 recomendaciones.
Las víctimas del conflicto armado deben priorizarse en el acceso a la oferta institucional prevista en el nuevo Plan de Desarrollo, definiendo metas, presupuestos y rutas específicas, de acuerdo con sus necesidades y con las mediciones de derechos realizada por la Unidad para las Víctimas, lo que generaría un impacto histórico para mejorar las condiciones de vida, superar la situación de extrema pobreza en la que se encuentran, atendiendo sus necesidades básicas insatisfechas en relación con alimentación, agua potable, educación, vías, conectividad, infraestructura social, vivienda y subsidios condicionados.
Esto requiere un Plan de intervención acelerada en territorios focalizados coordinado por la Unidad, donde se sumen los esfuerzos de todos los sectores, optimizando así la gestión institucional para la consecución de resultados efectivos.
Para lograr los objetivos propuestos las entidades del orden nacional en el marco de sus competencias, responsabilidades y compromisos asumidos deben tener en cuenta la adopción de los lineamientos establecidos en la circular adjunta. (clic aquí https://bit.ly/3WqC2Pb)
