“Las mujeres ya no estamos para lavarle los pantaloncillos al marido”, declaró Francy Damaris Cuéllar Beltrán ante una audiencia de 60 mujeres Jiw del resguardo Neaxal Lajt, quienes reaccionaron de inmediato con aplausos y gritos de aprobación durante la instalación del Encuentro de Mujeres Éticas, que organizó la Unidad para las Víctimas. Esta jornada se desarrolló los días 18 y 19 de octubre en uno de los 13 sectores que componen el resguardo Neaxal Lajt.
La Unidad para las Víctimas llegó a la zona, tras cinco horas de internarse en la sabana llanera que está colmada de palmeras, plataneras y pastizales, donde se encuentra uno de los municipios más afectados por el conflicto armado en el Meta: Mapiripán. Esta población está en la memoria colectiva por la masacre ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997, cuando un grupo de personas fue torturado por paramilitares en colaboración con integrantes del Ejército Nacional, dejando cerca de 49 muertos.
Hoy el pueblo sigue adelante, tratando de dejar atrás las huellas del horror. Pero en esta ocasión el casco urbano de Mapiripán no era el objetivo de la visita de la Unidad para las Víctimas, sino las mujeres indígenas Jiw que hacen parte del resguardo Neaxal Lajt. Para ellas la historia es diferente, como lo recordaron en un ejercicio de reconstrucción de la memoria histórica en el que con carteles de dibujos o palabras narraron cómo vivían en las selvas de la Amazonía. Cultivaban yuca brava para hacer fariña y casabe, pescaban, recolectaban achiote que luego se convertía en trazos en sus rostros para danzar al ritmo de su música ancestral y, sobre todo, disfrutaban de la libertad para habitar y moverse por el territorio sin restricciones geográficas.
Sin embargo, su vida cotidiana cambió cuando grupos armados ilegales llegaron a la región. Se convirtieron en víctimas de amenazas, asesinatos, desplazamientos y reclutamiento forzado. Muchas de las personas que antes vivían en lugares como Mocuare, en Meta, y Barranco Colorado, Laguna Araguato, Laguna Barajas y Barranco Ceiba, en Guaviare, se asentaron en el 2000 en lo que ahora es el resguardo Neaxal Lajt. Se adaptaron a un nuevo estilo de vida en el que la soberanía alimentaria y la autosostenibilidad que proporcionaba la naturaleza ya no funcionaban, ya que la tierra no era apta para proporcionar alimento y no había afluentes cercanos para la pesca. Además, la modernidad las forzó a cambiar su modo de vida en medio de la violencia contra las mujeres, que sigue afectando de manera desigual a la población indígena.
Por eso, durante la jornada se habló sobre los derechos y las garantías de protección en el territorio para las mujeres indígenas, lo que dio lugar a conversaciones sobre empoderamiento femenino y proyectos productivos. Algunas propusieron mecanizar la tierra para el cultivo de yuca brava y la venta de fariña y casabe, mientras que otras mencionaron la producción de accesorios artesanales o la cría de pollos y cerdos.
También se abordaron los derechos sexuales y reproductivos, ya que es común ver en el resguardo a madres adolescentes amamantando y/o con, al menos, tres o cuatro hijos. La mayoría de estas mujeres son madres solteras. Una de las participantes expresó: “Por culpa de nosotras, las mamás, que no ponemos atención a nuestras hijas, salen con la barriguita”. Ellas hicieron un llamado a las instituciones para que realicen más jornadas pedagógicas sobre sexualidad y planificación familiar.
Según un informe de Medicina Legal, entre enero de 2019 y noviembre de 2022, se habían registrado más de 1.500 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes indígenas. A su vez, el Gobierno nacional informó que 69 niñas de las comunidades Jiw y Nukak en Guaviare habían sido víctimas de abuso sexual.
A pesar de que cada vez hay más niños y niñas en el resguardo, las condiciones de vida digna son escasas. La educación es precaria y carecen de un puesto de salud. La situación ha llegado al punto en que las mujeres han aprendido a atender sus propios partos, ya que, en ocasiones, cuando han llamado a la ambulancia, les han informado que no tienen gasolina. Paola Meléndez Torrez, una de las participantes, señaló que su tío Alberto falleció debido a la falta de atención médica.
Por otro lado, también se dialogó en torno al liderazgo y la formación de una organización de mujeres, ya que los espacios de toma de decisiones están ocupados principalmente por hombres. “Tenemos que elegir cinco o seis mujeres para que nos representen y que tengan buena vocería y autonomía”, señaló otra participante.
En medio de todo, siguen luchando por preservar sus costumbres pues se mostraron preocupadas por los y las jóvenes que hoy y tras el desplazamiento forzado de sus antecesores, están dejando de lado lo que les identifica como pueblo Jiw. Por eso, en el espacio se realizó un acto de rescate cultural en el que pintaron sus caras con diseños tradicionales en un gesto de juntanza y de mantener sus rituales.
Además, resistiendo a ser completamente consumidas por la colonización que les invadió, siguen preservando su lengua ancestral transmitiéndola a sus niños y niñas. Para el Ministerio de Cultura, la lengua jiw pertenece a la familia lingüística guahibo y es hablada por 354 indígenas, cifra que corresponde a 61,89% de la población frente a 218 indígenas que no la hablan, y que representan un 38,11%.
El evento culminó el 19 de octubre con un acto simbólico en el que cada una de las mujeres encendió una vela y recordó a un ser querido perdido dedicándole una luz de esperanza.
Durante la jornada, se entregaron insumos como fibra de cumare, iris, chaquiras, nailon y agujas de tejer artesanías para que puedan iniciar su proyecto productivo. Asimismo, se les dio panela y café.
“Las mujeres indígenas vivimos con machismo. Por eso, necesitamos que las entidades nos informen sobre nuestros derechos. Nos hablaron del Decreto 4633 y ningún indígena conocía eso”, mencionó Francy Damaris, refiriéndose al Decreto Ley Étnico de Víctimas 4633 del 2011, en que se estipulan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.
Francy, además se mostró agradecida, porque, por primera vez, una institución del Estado acudió al resguardo para llevar a cabo una jornada dedicada totalmente a las mujeres.
El equipo de la Unidad para las Víctimas regresó con la satisfacción del deber cumplido y con la promesa de volver para seguir desarrollando el proceso y de apoyarlas y asesorarlas en lo que requieran para alcanzar una vida digna y libre de violencias contra las mujeres indígenas.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir”, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
