Con el compromiso de desarrollar una estrategia de intervención integral que permita empoderar y acompañar a las comunidades que sufrieron los estragos del conflicto armado en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Unidad para las Víctimas estuvo presente en las islas con un trabajo conjunto entre los equipos de Asuntos Étnicos y de Reparación.
En la visita se planteó el apoyo de la Unidad para fortalecer la estructura organizativa del pueblo raizal, afectada históricamente por el conflicto armado como lo explica Juan Ramírez Dackins, maestro y activista raizal: “Cuando el Estado colombiano en 1912 invita a los ciudadanos continentales, dándoles los recursos necesarios, a venir a la isla a poblarla, eso constituyó un hecho que se califica y se entiende como un desplazamiento interno en el territorio de los raizales.”
Y la relación entre el conflicto armado y la cultura raizal no está desligada de este hecho histórico. Con el tiempo, los efectos de la violencia y las dinámicas agresivas que han afectado a Colombia y a otros lugares del continente también han alcanzado estas tierras insulares.
Las secuelas del narcotráfico y la violencia afectaron a los residentes de las islas, como lo expresa el líder juvenil sanandresano Keniu Newball McGowan: “Jóvenes, vecinos, hermanos y toda la comunidad. Conocemos casos cercanos que han estado relacionados con estas problemáticas. A medida que el narcotráfico y la violencia se entrelazaron, San Andrés sufrió una crisis de violencia significativa que normalizó incluso los asesinatos y la sensación de inseguridad.”
La discusión de estas manifestaciones de la violencia es parte del proceso de empoderamiento comunitario, que se fundamenta en los datos que se recogieron con metodologías participativas, como una línea de tiempo y un ejercicio cartográfico, con los que se identificaron las afectaciones subyacentes y vinculadas al conflicto armado en las islas. Esto en el marco de la divulgación con enfoque étnico de las afectaciones sufridas por el pueblo raizal, como lo plantea el Decreto Ley 4635 de 2011.
De este encuentro se destacó que, después de 30 años, líderes y lideresas de las diferentes islas y generaciones se encontraron con el objetivo de fortalecer sus modos de organización en medio de las situaciones problemáticas analizadas.
Una de estas la afrontan los pescadores tradicionales, como Debran Barker Cabezas, un pescador artesanal quien comparte las dificultades que enfrentan al tratar de ejercer su derecho a la alimentación. “La presencia de gente de afuera ha impactado negativamente esta actividad y esto ocurre porque no hay control. Nosotros enfrentamos controles, pero mar afuera nadie los lleva a cabo. Los controles están enfocados en el narcotráfico, mientras que no nos brindan defensa de nuestros derechos humanos y raizales”.
Los resultados de estos esfuerzos de comprensión conjunta dieron paso a la creación de un espacio colaborativo de preparación para futuros procesos de articulación con otras instituciones gubernamentales. En una etapa posterior se espera reconocer a las víctimas raizales como colectivo, garantizando que sus voces y experiencias sean escuchadas y consideradas en el camino hacia la reconciliación y la justicia.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
