Después de vivir “con miedo y encerrados” en sus tierras por los enfrentamientos entre grupos armados y el peligro de las minas antipersona que acabaron con varias vidas, los indígenas del resguardo Amparradó Alto empiezan a sobreponerse al confinamiento al que fueron sometidos por causa del conflicto armado.
Para apoyar la manutención de esta comunidad Emberá ubicada en una lejana zona selvática de Dabeiba, en Antioquia, la Unidad para las Víctimas llegó con toneladas de ayuda humanitaria en alimentos y elementos de aseo.
Esta población fue priorizada como parte de un plan de la entidad para responder a los confinamientos causados por el conflicto armado, que han aumentado en los últimos años en departamentos como Antioquia, Chocó, Nariño y Valle de Cauca.
Para Luis Eduardo Guaseruca, gobernador del resguardo Amparradó Alto, “estas ayudas nos sirven mucho porque somos como 400 personas que teníamos dificultades para salir a buscar alimentos, animales y a pescar”.
Guaseruca se refiere a las limitaciones de movilidad y abastecimiento que, desde el año 2019, han tenido debido a la disputa territorial entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo. “No podíamos salir por los caminos ni a los montes porque estaban minados y eso nos tenía asustados. También tuvimos muertos por esas minas”, agregó.
Además, reconoció el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas durante estos años para atender a más de 1.000 indígenas afectados por desplazamientos forzados y confinamientos en siete comunidades alejadas entre Dabeiba y Frontino. Por el momento, según el líder, los enfrentamientos han cesado y ahora “estamos más tranquilos”.
Durante esta jornada, los habitantes del resguardo también fueron orientados sobre sus procesos de reparación y en prevención de la violencia y protección a niños y adolescentes.
Desde el año 2019, además de socorrer a la población con estas ayudas humanitarias, se coordinaron acciones con la alcaldía de Dabeiba y otras entidades para mitigar los daños comunitarios y garantizar la declaración de los hechos victimizantes y servicios de salud, educación y el gobierno propio.
“Desde el principio de estas emergencias hemos llegado a los territorios más alejados para mitigar los daños y procurar soluciones a estas comunidades tan apartadas y afectadas por el conflicto armado”, informó la directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño.
Desde 2016, más de 156.000 personas de más de 700 comunidades en Colombia han sido confinadas en sus propios territorios por las acciones de grupos armados ilegales. Desde 2022, el plan de choque atendió a más de 25.000 víctimas de poblaciones indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueras y campesinas.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
