Autoridades indígenas de seis municipios de la Costa Pacífica Nariñense, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la Unidad para las Víctimas se reunieron dando cumplimiento al compromiso establecido en el marco del seguimiento al Auto 620 del 15 de noviembre de 2017.
“Nos encontramos con representantes de la subregión de Sanquianga y estamos realizando acciones para cumplir nuestra misionalidad en el menor tiempo posible con eficacia y eficiencia, siguiendo el direccionamiento de la directora general de la entidad y las indicaciones del Gobierno nacional” dijo Sandra Sarria Cruz, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Nariño.
El espacio tuvo como objetivo la socialización de la misionalidad de la Unidad para las Víctimas, además, se mostró el estado de atención de los pueblos que pertenecen a esta organización, número de personas incluidas en los censos o no en el Registro Único de Víctimas (RUV) y el resultado cruce de la información.
Fernando Quiro, consejero mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidara de Nariño (ACIESNA) expresó: “En este espacio estamos todas las autoridades y queremos avanzar en el tema de indemnización, la reparación colectiva y es un paso importante para la comunidad Eperara Siapidaara pues hemos logrado unos compromisos para la vigencia 2024”.
Los compromisos establecidos en esta jornada buscan dar cumplimiento a las órdenes y acciones correspondientes del Auto 620, siendo parte de los avances en temas de prevención, atención, asistencia y reparacióN en los municipios de la Costa Pacífica nariñense.
Para Francisco Gonzales, enlace de victimas de El Charco, estos espacios de diálogo y concertación son muy importantes.
Por su parte, Luis Alberto García, gobernador del resguardo San Agustín, manifestó: “Como organización se viene haciendo un seguimiento y este es el producto de lo que han venido acordando a nivel nacional”.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
