Las Intervenciones Territoriales Integrales son una estrategia que se crea desde la Unidad para las Víctimas y que tiene como objetivo definir, adoptar e implementar acciones urgentes, en el corto plazo, y otras necesarias para generar transformaciones en el territorio a mediano y largo plazo, donde se articulen los diferentes procesos y medidas necesarias enmarcadas en la implementación de la Política Pública de Víctimas.
Estas acciones buscan contribuir a la sostenibilidad de las comunidades en los territorios a partir de la atención y reparación integral, teniendo en cuenta siempre las particularidades de cada territorio y de cada comunidad, buscando implementar soluciones duraderas que mejoren la calidad de vida y aporten a la superación de los factores de vulnerabilidad de los habitantes.
Para iniciar este trabajo, se priorizaron 12 territorios del país y unas comunidades y pueblos específicos que requieren de especial atención y de un trabajo enfocado en responder a las necesidades que han sido expresadas y reiteradas por parte de las víctimas.
Esta caracterización se hace con base en un análisis realizado por la por la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para las Víctimas y del Modelo de Intervenciones Territoriales Integrales (MITI) donde se muestra la relevancia de plantear las intervenciones integrales que requieren de la articulación interinstitucional y de procesos internos de la Unidad.
Los territorios, comunidades y pueblos que han sido definidos como de prioritaria atención por la entidad para el desarrollo de la Estrategia de Intervenciones Territoriales Integrales son:
- El pueblo Nukak en San José del Guaviare
- El pueblo Jiw en Guaviare y Meta
- Las comunidades del Aro y la Granja en Ituango, Antioquia
- La comunidad de Fraguas (Machuca) en Segovia, Antioquia
- El pueblo Emberá con énfasis en las comunidades pertenecientes a los resguardos Tahamí del Alto Andágueda (Bagadó, Chocó), el Resguardo Chamí Unificado y el Resguardo Gito Dokabu (Pueblo Rico y Mistrató, Risaralda)
- Las comunidades de Buenaventura en el Valle del Cauca
- Los pueblos indígenas Amorua, Jiwi, Waupijiwi, Sikuani, Mapayeri que se encuentran en situación de vulnerabilidad en Vichada
- La región del Catatumbo
- La región del Pacífico Nariñense
- La región de Montes de María
- La comunidad de Clamores en Turbo, Antioquia
- La comunidad de Bojayá, Chocó
Algunas de estas regiones, comunidades y pueblos, han sido priorizados también por otras entidades del gobierno nacional quienes han desarrollado programas para la atención coordinada, lo cual no se desconoce desde la Unidad para las Víctimas y por el contrario se busca seguir sumando a estas iniciativas de tal manera que desde la entidad se pueda aportar a la generación condiciones que sean sostenibles para mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Finalmente, teniendo en cuenta la diversidad en los territorios, así como las poblaciones a atender, esta estrategia se basa en el respeto y reconocimiento de las comunidades y sus formas de organización y de gobierno propio como principio de su participación y aporte para el éxito de la intervención.
Por esto, se debe tener en cuenta que cada intervención requiere de una estrategia diferenciada, articulada, coordinada y sostenible, llamando a la participación de las diferentes entidades del Estado, la empresa privada y los organismos internacionales, para atender las necesidades y particularidades específicas de cada territorio y de cada población.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
