En el marco de las medidas de reparación integral ordenadas por el Tribunal de Justicia y Paz en 2023, más de 800 víctimas del paramilitarismo en La Dorada, Caldas, serán homenajeadas con una placa conmemorativa que se prevé estará lista en agosto y será instalada en el Parque Santander del municipio.
El pasado 28 de junio, más de 30 víctimas se reunieron para conocer detalles sobre la fecha de instalación de la placa conmemorativa y avanzar en el proceso de reconocimiento y memoria colectiva. Esta acción simbólica reconoce el sufrimiento de las comunidades afectadas por el accionar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, lideradas por Ramón Isaza, uno de los grupos responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos en la región.
En esta sentencia, el tribunal documentó hechos como desplazamientos forzados, homicidios selectivos, amenazas, desapariciones y confinamientos que ocurrieron entre finales de los años 90 y comienzos de los 2000, en el marco del conflicto armado.
Uno de los afectados fue Miguel Ángel Romero, un residente de la región, quien recuerda que el 13 de mayo de 1998 su padre fue asesinado por el exlíder paramilitar Ramón Isaza y, con tan solo cuatro años de edad se vio obligado a huir junto a su madre por las amenazas del grupo paramilitar.
“Pudimos volver a La Dorada después de casi 10 años, pues mi madre tenía miedo de las represalias que ellos pudieran tomar. Por eso, ahora consideramos que este avance con el Tribunal representa una respuesta de la justicia, que ha sido demorada, pero al fin ha llegado”, aseguró Romero.
Para Miguel Ángel, la instalación de la placa representa una contribución a la memoria de un territorio que fue gravemente afectado no solo por paramilitares, sino también por otros grupos armados ilegales.
Katherine García Ochoa, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero, aseguró que “este homenaje representa un paso significativo en el proceso de reparación colectiva en La Dorada. Reconocemos el compromiso de las víctimas y el trabajo articulado que ha permitido avanzar en la construcción de memoria y dignificación”.
Este proceso ha sido el resultado de más de cinco encuentros que se han realizado con las víctimas de esta zona del país, a fin de concertar acciones reparadoras que contribuyan a sus necesidades y que han exigido por décadas al Estado.
Dentro de las acciones de la sentencia también se busca que las víctimas sean reparadas mediante indemnización administrativa, a fin de que puedan rehacer los proyectos de vida que quedaron estancados para aquel entonces.
Esta acción hace parte del compromiso del Estado colombiano con la reparación integral y la construcción de memoria histórica, por ello, la Unidad para las Víctimas reitera su compromiso de trabajar por el restablecimiento de los derechos de todas y todos los afectados por el conflicto armado.
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