La Unidad para las Víctimas, con la participación de la ciudadanía, hizo la rendición de cuentas sobre sus acciones en la implementación del Acuerdo de Paz en 2024

Durante la rendición de cuentas, la directora general (e) de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas Montoya, convocó a la firma de un acuerdo político que proteja a las víctimas y fortalezca el diálogo institucional para garantizar los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz.

La Unidad para las Víctimas realizó por primera vez su rendición de cuentas sobre los avances alcanzados durante la vigencia 2024 de los indicadores asociados al Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo Final de Paz, con el propósito de garantizar el derecho ciudadano a conocer los resultados y aportes de la entidad en la construcción de una paz estable y duradera.

La directora general (e) de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas Montoya, afirmó la rendición de cuentas que la entidad hizo una inversión de $787.000 millones en 2024 para el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz y destacó que en estas acciones ha sido fundamental el entendimiento con mandatarios y entidades locales y regionales y nacionales, así como el apoyo de la cooperación internacional.

“El Acuerdo Final de Paz fue una gran oportunidad que se abrió para Colombia para que alcaldes, gobernadores, gremios, organizaciones no gubernamentales, entidades y todos los partidos políticos de este país, podamos entender que, si hay una transición respetando y reconociendo a las víctimas del conflicto, podremos tener una oportunidad extraordinaria de trabajar conjuntamente”, aseguró Cuartas Montoya.

Durante la rendición de cuentas, la directora general (e) detalló los 16 indicadores de gestión frente a esta implementación y destacó que en la vigencia 2024, el porcentaje de Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) concertados, consultados, en implementación e implementados fue de 64% y los PIRC con enfoque étnico protocolizados, ubicados en zonas PDET, tuvieron un avance del 59%.

“Uno avance importante fue la protocolización de los 12 sujetos de reparación colectiva de Buenaventura, son 12 consejos comunitarios que estuvieron en ruta de reparación por más de 10 años y mantuvieron la esperanza y persistencia para hacer parte de este proceso. Hay que reconocer la apuesta del Gobierno con esta protocolización y ahora como institucionalidad tenemos el gran reto de la implementación de esas acciones reparadoras”, agregó la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Valle del Cauca, Rosiris del Socorro Angulo.

También se reportó que durante la vigencia 2024 se concertaron, actualizaron y aprobaron 24 planes de retorno o reubicación con comunidades étnicas, que están en proceso de implementación, y en el mismo periodo 13 de estos planes fueron implementados en su totalidad. Además, se desarrollaron estrategias psicosociales en el marco de la medida de rehabilitación psicosocial individual en los 35 Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) en funcionamiento.

Cuartas Montoya también destacó la puesta en marcha de 18 proyectos, a través del OCAD Paz (Órgano Colegiado de Administración y Decisión), cuya destinados a la reparación de las víctimas con una inversión supera los $223.000 millones de parte del Gobierno nacional. “Es una inversión muy potente que sirve para construcción de acueductos, fortalecimiento de sistemas agrícolas, mejoramientos productivos, entre otros. Esta información nos permite entender que los recursos de regalías tienen que cumplir una función reparadora”, destacó la directora general (e).

También se destacó el papel fundamental que tuvo la cooperación internacional en la implementación del Acuerdo de Paz. Los recursos gestionados a través de este mecanismo se enfocaron en soluciones duraderas al desplazamiento interno; reparación colectiva con enfoque étnico; fortalecimiento institucional territorial; inclusión económica para víctimas; y retornos y reubicaciones acompañadas. Además, se apoyaron actividades de memoria, participación y atención psicosocial en territorios priorizados como el Pacífico, Norte de Santander y Nariño.

Durante la transmisión de la rendición de cuentas, la directora general (e) respondió algunas de las respuestas que hicieron públicamente los ciudadanos a través de los canales habilitados por la Unidad, e hizo un llamado a hacer un acuerdo político que ponga en el centro la articulación institucional para seguir avanzando en la implementación del Acuerdo de Paz y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.

“Quienes trabajamos en la Unidad para las Víctimas tomamos una decisión ética y moral de parar la guerra con todas nuestras fuerzas. Tenemos que unir todos los esfuerzos para afrontar los retos que el Plan Marco de Implementación (PMI) se cumpla, que el Acuerdo de Paz se cumpla, que podamos proteger los bienes que tiene esta entidad y los recursos destinados para la paz”, agregó Cuartas Montoya.

Con esta rendición de cuentas, la Unidad para las Víctimas reitera su compromiso con la transparencia institucional frente al desarrollo de las acciones que realiza, dentro de su misionalidad, en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, particularmente en lo relacionado con el Punto 5, que se relaciona con los acuerdos sobre las víctimas del conflicto.