En Montería, Córdoba, la Unidad para las Víctimas entregó un total de 343 cartas de indemnización que representan una inversión de 3.640 millones de pesos. La mayoría de las personas a quienes se les entregaron los recursos hacen parte de la ruta priorizada, que corresponde a víctimas mayores de 68 años, con enfermedades graves, ruinosas o catastróficas, y con discapacidad.
Durante dos días, en la sede de Ademacor en Montería, se adelantaron estas jornadas de entrega de cartas en las que, además, brindó información acerca de opciones adecuadas en las líneas de inversión de preferencia de los beneficiaros, entre ellas, vivienda, proyectos productivos, educación, e inmuebles rurales, de acuerdo con las particularidades de su entorno y la economía local en sus corregimientos y veredas.
Denis Pérez Herrera, víctima de desplazamiento de la vereda El Totumo, padece isquemia cerebral y por ello fue incluida en la priorización para el pago de la indemnización: “Yo en ocasiones me desoriento por la enfermedad que tengo y mi sobrina me ha ayudado y me cuidado y con esta platica que recibo la voy a matricular para que estudie enfermería que es lo que ella quiere”.
A través de la campaña institucional No se deje engañar, la Unidad los y las invita a no hacer pública la información sobre el pago, no permitir que extraños le ayuden en el trámite de su transacción bancaria, pedir el acompañamiento de la Policía Nacional para el retiro de los recursos y utilizar sus cuentas de ahorro para conservar su dinero mientras lo invierten.
En estos espacios, la oferta institucional estuvo a disposición de las víctimas notificadas, a quienes se informó sobre el manejo adecuado de los recursos, portafolio de servicios en formación educativa disponible en las entidades Formar, Centro de Sistemas de Antioquia (CENSA), Ceprodent, SENA y La Americana.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
