Tras reconocer las problemáticas sociales y de violencia que sufren las comunidades del nordeste antioqueño, representantes del Gobierno nacional se comprometieron a gestionar soluciones para mejorar las condiciones de vida y la seguridad en la zona.
En una reunión con representantes de entidades nacionales y regionales, los líderes de las 13 veredas del corregimiento Carrizal, de Remedios, Antioquia, reiteraron las afectaciones y hechos victimizantes por la disputa territorial entre grupos armados.
Las y los representantes de organizaciones campesinas y agromineras denunciaron que este año se intensificaron los enfrentamientos armados, que han causado homicidios, desplazamientos forzados masivos de más de 2.500 personas y daños a bienes civiles como incendio de viviendas.
“Hay temor por las incursiones paramilitares, los asesinatos de líderes y firmantes de paz, los retenes ilegales y robos. Se están disputando la región con los otros grupos armados porque es un corredor de movilidad y una zona minera”, expresó un delegado de la Corporación Cahucopana.
Frente a esta situación y riesgos de desplazamientos forzados en varias veredas, los representantes del Ministerio del Interior anunciaron que la región está priorizada para implementar el próximo año un plan estratégico de seguridad, que incluye una ruta de protección a los líderes sociales amenazados a cargo de la Unidad Nacional de Protección.
Por su parte, la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño, afirmó que la entidad ha atendido “cuatro desplazamientos forzados este año y aportado 177 millones de pesos en ayuda humanitaria inmediata. Es latente la situación de riesgo y por eso también hacemos en misiones de verificación para alertar los riesgos y articular acciones de prevención”.
Y agregó, “es necesaria la presencia del Estado y esperamos para el próximo año llegar con oferta in interinstitucional para lograr acciones articuladas con todas las entidades”.
Problemáticas sociales
La población también reclamó mejorar los servicios de salud y educación ante la ausencia de puestos de salud, escuelas y docentes en los caseríos.
Otras necesidades abordadas durante la jornada fueron el acceso a tierras para campesinos, mujeres rurales y la reincorporación de los firmantes de paz que habitan en el corregimiento Carrizal, así como el futuro del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Carrizal.
Además, se evidenció la urgencia de resolver el problema limítrofe que tienen las administraciones de Segovia y Remedios, lo que causa desatención y ausencia estatal.
Ante las solicitudes, la viceministra del Interior para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, Lilia Solano, indicó que “cada tema necesita un doliente” y por eso se gestionará la implementación de programas de los diferentes ministerios para avanzar con soluciones efectivas.
En la jornada interinstitucional participaron funcionarios del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Defensoría del Pueblo, Consejería Presidencia de Derechos Humanos, Fiscalía, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ICBF, Unidad de Restitución de Tierras, Unidad para las Víctimas, alcaldías de Remedios y Segovia, Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz y la Misión de Verificación de la ONU.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
