Carlos Daniel Cañizares recuerda con nostalgia y mucha claridad aquel 6 de abril del año 2000, cuando la guerra cambió completamente su vida. Sus rutinas familiares y de labores en el campo, se transformaron en una pesadilla cuando un grupo armado, autodenominado Autodefensas Unidas de Colombia, llegó a su hogar en La Gabarra, corregimiento de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, y lo obligó a salir hacia Cúcuta.
Las carencias, el hambre y la incertidumbre de vagar por las calles de una ciudad hostil y desconocida reemplazaron la vida apacible de Carlos Daniel. Su historia se suma a las 8.812.089 víctimas del desplazamiento, el hecho victimizante más significativo registrado en el Registro Único de Víctimas (RUV).
“Lo más difícil es que, después de tener uno sus cosas, su casa, su comida y llegar a Cúcuta y no tener ni dos mil pesos” cuenta Carlos Daniel, quien, tras el desplazamiento, sufrió la revictimización del olvido de las administraciones que gobernaron el país de espaldas a las víctimas por más de 20 años: “nos decían que en tres meses, que en seis meses, que en un año”, recalca con un gesto de impotencia porque las promesas de indemnización nunca llegaron.
La reparación: un ápice de esperanza
El 20 de marzo de 2025, la historia de Carlos Daniel cambió. En el marco de una jornada histórica de entrega de 582 cartas de indemnización, liderada por la Unidad para las Víctimas en Ocaña y Cúcuta, se concretó un paso significativo en el cumplimiento de los compromisos de priorización decretados por el presidente Gustavo Petro Urrego. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos para enfrentar la emergencia humanitaria que azota la región del Catatumbo. Y fue justamente en ese contexto que Carlos Daniel, después de 25 largos años de espera, recibió su carta de indemnización.
Este documento, más que un simple acto administrativo o una compensación económica, simboliza el compromiso del Gobierno del Cambio con la dignificación de las víctimas y el reconocimiento al dolor sufrido. Para Carlos Daniel, el trabajo del gobierno con las víctimas representa un motivo de alegría y regocijo que él expresa con agradecimiento: “Gracias a Dios, después de 25 años aparece esto y me siento contento”, dice con una sonrisa de alivio.
Carlos Daniel es sinónimo de resistencia. A pesar de las dificultades, nunca perdió la esperanza. “Uno tiene muchos proyectos pequeños, porque ya uno se enseñó a vivir con lo pequeño”, afirma. Hoy trabaja como agricultor, vendiendo “cerditos”, como él los llama y trabajando la tierra, actividades que le han permitido sostenerse a lo largo de estos años para dar sustento a su familia.
El compromiso es por la vida y la dignidad
Durante el actual periodo presidencial, la Unidad para las Víctimas ha ordenado el pago de 496.989 indemnizaciones por vía administrativa, beneficiando a 452.471 personas, con una inversión superior a los $4.250 millones. De estas, el departamento de Norte de Santander ha recibido la indemnización de 21.943 hechos victimizantes a 19.034 personas, por un monto de $188.296 millones.
Los datos revelan un avance notable: en menos de tres años de la administración del Gobierno del Cambio, se ha logrado lo que durante 23 años, entre 1999 y 2022, no se alcanzó en términos de procesos de reparación individual para las víctimas. La reparación individual constituye un pilar fundamental para Carlos Daniel y miles víctimas del conflicto. Gracias al compromiso del gobierno nacional y la gestión de la Unidad para las Víctimas, hoy se evidencia un avance de 75,3% en la meta de 600.000 indemnizaciones contempladas en el Plan de Desarrollo “Colombia en una potencia mundial de la vida”.
