El 16 de julio de 2020, tras el asesinato de tres integrantes de su comunidad por grupos armados ilegales, tres familias Emberá Chamí salieron desplazadas de su hogar en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca. A través de un programa de protección a testigos, la Fiscalía General de la Nación los trasladó al municipio de Calamar, Guaviare. Después de una serie de recursos jurídicos y una escalada de violencia en su tierra de origen.
A finales del mes de mayo, cuatro años después, la Unidad para las Víctimas las acompañó en unas jornadas de fortalecimiento comunitario y rearmonización cultural para a garantizar sus derechos, de acuerdo con sus costumbres, con miras a ser reubicados en un terreno propio y a consolidarse como un nuevo cabildo Emberá en Calamar.
La jornada comenzó con la traducción semántica de algunos componentes fundamentales de su identidad cultural, como alegría, familia, alimentación, y territorio, para comprender su cosmovisión. En lengua Emberá, territorio se dice “dachidrua” y se refiere a la madre tierra, ya sea la loma donde vivían antes o la selva en la que están actualmente. Mientras, “Aburrikojanü”, que significa tristeza, expresa un sentimiento donde “el alma está como pájaro enjaulado”. Justamente, esa palabra es el reflejo del sentimiento que les procura el lugar donde actualmente están asentados: una antigua sede abandonada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que les asignó la Alcaldía de Calamar, después de pasar por el resguardo Tikuna Itilla e improvisar unas carpas que se les llevó el viento.
Las y los participantes también dibujaron y describieron su antiguo territorio, sus casas, cultivos y espacios cotidianos para identificar las percepciones organizativas y territoriales de donde venían. Norbey Guasiruma, integrante de las familias, compartió sus recuerdos que tiene del Valle del Cauca por medio de sus dibujos: “Este terreno era de nosotros, esta es mi casita, era donde yo vivía, y al lado hicimos la malokita, y aquí construimos una guardería. Cuando nosotros vivíamos allá teníamos todo y, la verdad, teníamos arbolitos de maicitos alrededor de mi casa porque estaba sembrando lulo, plátano, maicito. El terreno de verdad hace falta para trabajarlo, yo no jornaleaba, yo cultivaba para mi familia”.
El encuentro también les permitió expresar su deseo de reubicarse en una tierra fértil para cultivar y vender alimentos como el plátano, un ingrediente básico de su dieta tradicional que es difícil de producir en la región amazónica. Además, mencionaron la necesidad de cultivar plantas medicinales que les brindan salud y bienestar, como la flor del cañaguate. Según Víctor Guasiruma, esta flor “sirve para cuando los niños tienen vómito y fiebre, las cocinamos y se los damos en bebidita y ya se sienten bien”.
La jornada les permitió reconocer e identificar el impacto del conflicto armado en su proyecto de vida colectivo, afectando sus formas organizativas, manifestaciones culturales y actividades para generar ingresos que garanticen su soberanía alimentaria, ya que, por el desplazamiento, estas familias no tienen formas de gobierno propio ni se constituyen aun como cabildo. Tras la decisión explícita de ser reubicadas, el 30 de mayo la Unidad para las Víctimas organizó un encuentro con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Ministerio del Interior, la Personería municipal y los enlaces étnicos y de víctimas del municipio de Calamar. El propósito de esta reunión fue dar a conocer la ruta que les permitirá identificar, adquirir y formalizar los predios donde llevarán a cabo su nuevo proyecto colectivo.
María Noreley Nuriquraza comentó sobre el encuentro: “En la reunión yo me sentí bien, nosotros les dijimos que queremos que nos reubiquen rápido, porque queremos tener nuestro resguardo y un territorio para cultivar y poder sentirnos bien, cultivando lo que es plátano, las papas, el tomate”.
¿Qué sigue?
Estas familias Emberá Chamí deberán realizar una asamblea los días 13 y 14 de junio de 2024 con todos los miembros de la comunidad presentes en Calamar, y levantar un acta donde los firmantes se constituyen como un nuevo cabildo con autoridades tradicionales, bajo la denominación de parcialidad indígena. El Ministerio del Interior reconocerá jurídicamente a esta entidad, con un mínimo de cinco familias, como requisito fundamental para asignar los nuevos predios. Para la realización de esta asamblea, la Personería Municipal se comprometió a enviar un oficio a la Defensoría del Pueblo, solicitando su acompañamiento. En cuanto a la identificación y solicitud de documentos necesarios para solicitar la compra de los predios a la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad para las Víctimas continuará brindando apoyo técnico.
Temas recomendados
La Unidad para las Víctimas, como coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas, continúa trabajado con instituciones nacionales y regionales para promover soluciones duraderas a la situación de desplazamiento forzado en la que se encuentran estas familias, y avanza hacia la formalización de un plan de retorno para garantizar sus derechos.