Reparación para las y los sobrevivientes del conflicto en los Llanos Orientales y la Amazonía en 2023

Durante este año, la Unidad para las Víctimas en la dirección territorial Meta y Llanos Orientales, que reúne a los departamentos de Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía, Casanare, Guaviare y Meta, ha tenido importantes logros en pro de reparar a la población sobreviviente del conflicto armado.

En esta región se han lograron avances significativos en el trabajo con las comunidades indígenas, además llevó la atención de la Unidad a varios municipios de las zonas más apartadas de estos siete departamentos. También, en esta vigencia, se aumentó significativamente el número de víctimas indemnizadas.

En abril, los resguardos Villa Lucía y Ondas del Cafre, pertenecientes al pueblo indígena Nasa, lograron la protocolización de su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) en el municipio de Mesetas, Meta. Este hito fue el resultado de cinco años de dedicación y trabajo. La entrega simbólica de la notificación de la resolución de su indemnización se realizó en la vereda Las Brisas, marcando un logro significativo para estas comunidades indígenas, conocidas como los “Nasa llaneros”, quienes se asentaron en el Meta hace más de 50 años.

A esto se suma que en octubre se celebró el Encuentro de Mujeres Étnicas en Mapiripán, Meta, siendo el primer evento institucional dedicado a las mujeres indígenas Jiw de la región. El espacio abordó temas de especial atención como los derechos y garantías de protección en el territorio para las mujeres indígenas, empoderamiento femenino, proyectos productivos y derechos sexuales y reproductivos. También se discutió sobre el liderazgo y la formación de una organización de mujeres, dada la ausencia femenina en los espacios de toma de decisiones.

Además, durante octubre y noviembre, las mesas de participación efectiva de víctimas en Casanare fueron fortalecidas en el uso del Protocolo de Participación, el primer instrumento de participación para víctimas de conflicto armado en Colombia y el mundo.

Este protocolo les permite colaborar con el Estado en la planificación de políticas públicas de atención y reparación integral. También, recibieron capacitación sobre la Ley 1448 de 2011, base del protocolo. Además, con las nuevas mesas elegidas para el periodo 2023-2027, es crucial que las y los integrantes conozcan estos instrumentos y sus funciones para influir activamente en la implementación de la política pública de víctimas en sus territorios.

A inicios de noviembre, se realizó la Asamblea Jiw en San José del Guaviare, Guaviare, reuniendo a cerca de 70 líderes y lideresas de esta etnia indígena. Allí se hizo la consulta previa para actualizar conceptos sobre la ruta de reparación colectiva. A pesar de que la pandemia había detenido el proceso, se retomó este año con el objetivo de construir el Plan Integral de Reparación Colectiva.

Ese mismo mes, se realizó en La Chorrera, Amazonas, la VIII Mesa Protocolo de Participación Indígena ‘Palabra de Vida’ y la Mesa de Seguimiento de los 16 Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) del departamento.

Este encuentro reunió a 16 sujetos étnicos en un territorio de difícil acceso, siendo la primera vez que un director territorial llegó hasta esa zona para dialogar directamente con las comunidades. Allí, se presentó el avance en la implementación de los PIRC, y se conformaron mesas de trabajo para la programación del plan de trabajo para el próximo año.

Otro logro es el de las jornadas de atención realizadas en octubre y noviembre en el municipio de El Retorno, Guaviare, y la vereda Caño Ceiba, jurisdicción de Puerto Concordia, Meta, con el fin de facilitar el acceso a las medidas de asistencia y reparación administrativa, en especial en zonas apartadas de los Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) y de los Puntos de Atención a Víctimas (PAV). En estas jornadas se atendieron a 318 personas en sus solicitudes de atención humanitaria e indemnización administrativa y de presencia institucional de la Unidad para las Víctimas en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado.

En El Castillo, Meta, se aprobó en noviembre el Plan Integral de Reparación Colectiva, marcando un paso significativo para la implementación de acciones reparadoras en la zona como el fortalecimiento de instituciones educativas, entrega de dotación a centros comunitarios, caminatas por la paz, adecuación de canchas y parques recreativos, y apoyo a actividades culturales. La reconstrucción de la Casa de la Cultura, destruida durante la toma guerrillera del 2000, es uno de los hechos más significativos de para los habitantes del municipio pues ven en esta reconstrucción un símbolo de esperanza.

Finalmente, en la Asamblea Nukak, realizada del 30 de noviembre al 3 de diciembre en el resguardo La Fuga de San José del Guaviare, Guaviare, se estableció un espacio de diálogo con la población Nukak. En este encuentro se discutieron medidas urgentes establecidas en el Auto 173, centradas en salud, seguridad alimentaria y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, el tema principal fue el Plan de Retornos y Reubicaciones, ya que el desplazamiento causado por el conflicto armado durante la primera década de este siglo dividió a los Nukak en 22 asentamientos con diversas perspectivas sobre su futuro. Esta asamblea se considera un escenario de gran legitimidad para este pueblo indígena, siendo un paso inicial para la construcción de su PIRC.

Finalmente, se destacó el aumento en la entrega de cartas de indemnización como medida de reparación individual entre abril y noviembre en todos los departamentos que conforman la dirección territorial.

En la Unidad para las víctimas “Cambiamos para servir”, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.