Con la presencia de la alta consejera para las Regiones, Ana María Palau, el viceministro del Interior Carlos Baena, el director Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo, entre otros funcionarios, este lunes, de manera virtual, se desarrolló la IV sesión de la Comisión Intersectorial para el departamento de La Guajira.
La Comisión Intersectorial para el departamento de La Guajira se creó en cumplimiento de lo ordenado por la Sentencia T-302 de 2017 respecto de la estructuración de un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las políticas públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional (en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo wayúu en lo que tiene que ver con alimentación, salud y agua potable).
De conformidad con lo anterior, la Unidad para las Víctimas ha venido participando en las mesas técnicas de trabajo constituidas por la Alta Consejería para las Regiones en cumplimiento a esta sentencia.
El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, aseguró que desde la entidad se tiene la disposición en apoyar las actividades de la Unidad de articulación y comunicación con la Alta Consejería.
“La Unidad para las Víctimas ha trabajado y apoyado técnicamente a la Consejería para las Regiones en la estructuración de la estrategia de cumplimiento de la sentencia T-302 en particular con el diseño de los indicadores de goce efectivo de derechos”, dijo.
Rodríguez Andrade señaló que históricamente la Unidad para las Víctimas ha destinado recursos por concepto de atención humanitaria a víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas en los municipios de Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia de la siguiente manera:
• 2018: $7.795.421.818.
• 2019: $8.475.952.687
• 2020: $2.854.175.705.
• 2021: $795.119.000.
El director de la Unidad para las Víctimas anotó que la inversión realizada obedece a los programas misionales de la entidad en los municipios referenciados en la Sentencia T. 302 de 2017, sin embargo, “atendiendo los aspectos de la sentencia, el programa que se ajusta indirectamente en el marco de la sentencia es que podrá contribuir a atender familias en situación de desplazamiento forzado incluidas en el Registro Único de Víctimas a través del componente de atención humanitaria, tomado esta como una medida asistencia conforme lo estipula la Ley 1448 de 2011; para ello, es indispensable contar con el censo de la población para efectos de proceder con el procedimiento establecido para dicho fin”.
(Fin/DFM/COG)
