“Hubo bastantes, bastantes masacres, bastantes muertes selectivas y en el año 2000 el casco urbano fue arrasado por un carro bomba, nosotros fuimos objetivo de 22 cilindros bomba que explotaron en pleno centro del pueblo”, rememora Laura Gilma Moreno, una de las integrantes del Comité de Impulso, que fue aprobado este 23 de noviembre en El Castillo, Meta.
El municipio, reconocido como la “despensa agrícola del país” por su potencial productivo, sufrió daños colectivos que abarcaron desde estigmatización hasta arrasamiento. Las olas de colonización, desencadenadas por la violencia en otras zonas de Colombia dieron lugar a procesos organizativos ligados al Partido Comunista Colombiano.
Estas formas organizativas sumieron a El Castillo en una constante estigmatización, ganándose apodos como la “república independiente” o “zona roja”. Con la llegada de las extintas Farc, fue etiquetado como el “pueblo guerrillero” o “auxiliador de la guerrilla”.
Desde 1980, esta estigmatización condujo a un desplazamiento forzado masivo, resultando en el vaciamiento de al menos 19 veredas y cuatro centros poblados, según el libro “Pueblos Arrasados”, del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad para las Víctimas.
Las consecuencias de la violencia se reflejan no solo en casas abandonadas y calles vacías, sino también en escuelas bombardeadas, obras públicas abandonadas y la destrucción de la estructura comunitaria. Según el mismo libro, esto se traduce en “paisajes de miedo” y daños colectivos como la destrucción de lazos comunitarios, relaciones familiares, y la instalación del terror y la desconfianza como parte de la vida cotidiana.
Todos estos daños llevaron a los pobladores a organizarse para ser reconocidos como Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) en 2015, dando inicio al proceso de construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC). Con su reciente aprobación, se facilitará la implementación de acciones reparadoras, como el fortalecimiento de instituciones educativas, entrega de dotación a centros comunitarios, caminatas por la paz, adecuación de canchas y parques recreativos, y apoyo a actividades culturales.
Lo más destacado es la reconstrucción de la casa de la cultura, que fue parte de lo arrasado durante la toma guerrillera de los años 2.000. “Llevamos 23 años sin casa de la cultura, y que haya quedado en el PIRC ya es un aliciente bastante grande, porque yo siempre he dicho: ‘Un pueblo sin cultura es un pueblo sin esperanza’”, afirmó Laura Gilma.
Esta casa de la cultura llevaría el nombre de Jubiet Alexander Ávila Baquero, quien murió en 2021 e hizo parte del Comité de Impulso. Se destacó por trabajar arduamente por la reparación colectiva para su municipio, por su reconocimiento como líder víctima del conflicto armado, y por sus 29 años de trayectoria laboral como secretario del colegio Ovidio Decroly, secretario de Gobierno, alcalde encargado, cofundador del club social Nuevo Horizonte y del Festival de La fraternidad rastíllense en 1998.
Por otro lado, el director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Meta y los Llanos Orientales, Andrés Dhujiah Aguilar Estupiñán, recalcó durante la jornada de aprobación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), la persistencia del Comité de Impulso en este proceso. “Nosotros no podemos construir un país en paz, sino lo construimos de la mano con las víctimas y que mejor manera de comprobar la disposición de las víctimas para construir país que un grupo de personas que persistió durante años en su reparación colectiva confrontando dificultades de la vida cotidiana y con las instituciones”.
Con el PIRC en marcha, las y los castillenses buscan vivir dignamente. “Es una alegría muy grande, después de casi nueve años de reunirnos en este proceso mañanas, días, tardes, meses, hoy tenemos esa satisfacción de que nos socializan la aprobación del PIRC. Es como tener un regalo de Navidad”, mencionó Hilmer Bernal Delgado, integrante del Comité de Impulso.
“En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir”, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos”.
