“La atención y reparación a las víctimas las hacemos todos, el Estado y las entidades, y es mucho lo que tenemos por hacer”, anotó Ramón Rodríguez, director de la Unidad, en la entrega virtual de un balance de la implementación de la Ley 1448 ante la Comisión de Seguimiento de esa legislación en el Congreso.
Rodríguez insistió en que “hacen falta más recursos para la reparación individual, para reparación colectiva y para retornos y reubicaciones, y que, en ese sentido, se estiman $40 o $50 billones, para poder cumplir”.
Según el director “para poderles cumplir a las víctimas, no ha sido fácil que los entes territoriales las involucren en los espacios de participación y por eso hemos facilitado la virtualidad para que lleguen con las mesas de departamentales, ojalá pudiéramos llegar con las mesas municipales, para que tengan esa incidencia en los planes de desarrollo, en donde es fundamental que quede la política pública de atención a víctimas”.
“Aquí construimos todos, todas las entidades del sistema y el Congreso de la República también. Todos construimos para poderles cumplir a las víctimas”, subrayó.
De acuerdo con el director, la entidad, que asiste una población de más de nueve millones de víctimas y que incluye más de 25.000 personas en 43 países más, “ha hecho un esfuerzo presupuestal para el cumplimiento por vía administrativa y de la reparación colectiva con el cierre de procesos de 20 sujetos de reparación en los dos últimos años”.
“En 2020 dejamos un billón de pesos para cumplirles a esas 127.000 víctimas que se van a indemnizar y explicando todos los mecanismos de priorización para los pagos”, anotó.
Rodríguez indicó que se han verificado 6.002 emergencias humanitarias; coordinado otras 499 emergencias humanitarias masivas; atendido a 42.676 hogares expulsados y que se realizaron 1.570 misiones humanitarias para la atención de emergencias.
Más resultados
A juicio del director de la Unidad, el año pasado se tuvo presupuesto más alto para el tema de indemnización de las víctimas por $740.000 millones y también dijo que ojalá hubiera recursos para pagarles a las 320.000 víctimas que ya tienen sus documentos listos.
En el tema de atención humanitaria por desplazamiento forzado, Rodríguez precisó que el gobierno actual ha atendido 832.000 hogares víctimas en las etapas de emergencia y/o transición, con una inversión de $973.000 millones y que a corte de diciembre de 2019 la atención de víctimas de desplazamiento forzado asciende a más de 6.4 millones de personas con recursos estimados en $5 billones.
“A diciembre de 2019, se acompañó 277.757 hogares, a través de la implementación de los planes de retorno y reubicación y que en ese tema el reto inmediato es la Implementación acelerada del Protocolo con la participación activa de todas las entidades del orden nacional y territorial”, agregó.
La participación
En materia de participación dijo que se apoyaron 1.111 mesas de participación efectiva de población víctima, electas para el periodo 2019-2021, que se discriminan en 1.058 mesas municipales, 20 mesas locales de Bogotá, y la Mesa Distrital, 32 mesas departamentales y la Mesa Nacional
Rodríguez recordó que la Ley para las víctimas estaba financiada para un número de víctimas y “cuando dijeron que había que indemnizar por desplazamiento forzado, que corresponde al 94 % de quienes están en el Registro Único, eso la desfinanció totalmente y desde ahí venimos arrastrando lo que tenemos hoy”.
En la audiencia de balance de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso, participaron también delegados de la Procuraduría General, los directores de la Unidad de Restitución de Tierras, del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como representantes la Cámara y representantes de las organizaciones regionales de víctimas.
(Fin/AMA/LMY)
