Estos días fueron esenciales para la batalla que, durante décadas, o más bien siglos, ha librado el campesinado de Colombia por sus derechos y para ser reconocidos como sujetos políticos. El Congreso aprobó dos reformas a la Constitución que pretenden saldar la deuda histórica que existe con quienes habitan y trabajan el campo, brindándoles todas las herramientas para el acceso a la justicia, a la propiedad de la tierra y al, política y reconocimiento en sus dimensiones económica, social, cultural ambiental, como una forma de avanzar en la superación de la desigualdad y la mejora de condiciones para el desarrollo de la agricultura.
Por un lado, se aprobó la estructuración de la Jurisdicción Agraria y su inclusión como una de las instancias de administración de justicia para dirimir las diferencias de quienes viven en la ruralidad. En concreto, la jurisdicción busca resolver las controversias que existen en cuanto a la propiedad, ocupación, uso y tenencia de tierras rurales, entre otros aspectos. Por otro lado, se ajustó la Constitución para refrendar el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y el reconocimiento al campesinado como sujeto político de derechos y de especial protección.
A propósito de esa victoria del campesinado, es preciso resaltar que desde la Unidad para las Víctimas se viene adelantando un arduo trabajo de reparación colectiva con comunidades y organizaciones campesinas. Aunque actualmente no es posible cuantificar el número de víctimas campesinas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), dado que en el formato de declaración no cuenta con un enfoque diferencial para el campesinado, la Unidad para las Víctimas identificó que, de las más de nueve millones de víctimas, el universo de víctimas rurales asciende a 7.103.791 millones de personas. La cifra corresponde al lugar de ocurrencia de los hechos violentos que padecieron.
Entendiendo las dinámicas del conflicto armado en Colombia, la entidad reconoce el impacto que han soportado las personas que habitan en el campo, las cuales han sido violentadas y desplazadas de manera forzosa. Entre los hechos victimizantes que más han vivido está el desplazamiento forzado: existen 6.908.681 víctimas únicas de esta afectación. Asimismo, 400.257 personas del campo han soportado amenazas (de un total de 626.915), y 172.453 sufrieron homicidio (de un total de 1.091.430). Información con corte al 1 de junio de 2023.
En ese sentido, son varias las organizaciones campesinas que se han presentado ante la institución para ser reparadas de forma colectiva. En la ruta para atenderlas se encuentran 219 procesos con comunidades campesinas, cuatro de esos en fase de identificación; 18 en alistamiento; 26 en diagnóstico del daño; 45 en diseño y formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC); 75 en implementación y 51 ya implementados.
De acuerdo con el último corte que existe, al 31 de diciembre de 2022, desde 2013 se ha realizado una inversión en Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) de comunidades campesinas por $120.558 millones. De ese total, $71.573 millones se han invertido en bienes de uso colectivo, $31.545 millones se destinaron a costos operativos y $17.439 millones en el operador logístico. En cuanto a organizaciones y grupos, la inversión ha sido de $44.212 millones para 59 Sujetos de Reparación Colectiva, entre los que no solo se encuentran organizaciones campesinas.
Una de las organizaciones que está implementando un plan de reparación colectiva con la Unidad es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC). Para Nilson Liz Marín, su presidente, aunque el proceso ha sido lento por cuenta de las limitaciones de las partidas presupuestales, ve ilusión en el compromiso del Gobierno del Cambio para agilizar los planes de reparación colectiva.
“Nuestro plan ha ido caminando y tenemos unas acciones a desarrollar este año. La Unidad ha estado articulando con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para avanzar en las medidas. En ese sentido hemos sentido un acompañamiento por parte de la Unidad pues busca que cada una de las entidades cumpla con los compromisos para que el Estado nos repare”, señaló.
Entre los compromisos a los que se refiere está consolidar la entrega de 6.380 unidades agrícolas familiares por parte de la ANT y afianzar un plan de acción con la Agencia de Desarrollo Rural para la entrega de 171 mil millones de pesos para trabajar durante cuatro años en el fortalecimiento productivo, proyectos productivos y en un sistema nacional de comercialización para distribuir sus cultivos. Todo esto estaría dirigido a los cerca de 160 mil asociados de la ANUC, organizados en 27 departamentos y 855 municipios, que están accediendo a sus derechos de reparación a través de la Unidad para las Víctimas.
“Las medidas mencionadas van en un 20 % o 25 % de avance. Eso quiere decir que vamos en una ejecución muy lenta pues tenemos un reconocimiento de víctimas desde 2015, y desde 2016 se aprobó nuestro plan de reparación colectiva, entendiendo además que la reparación individual va también despacio y que la gran mayoría de nuestros asociados son víctimas del conflicto armado. Entonces, no es muy significativo, sin embargo, creemos que en este Gobierno hay voluntad de repararnos realmente. Esperamos ver eso”, agregó Liz.
Sobre la aprobación del proyecto de ley que reconoce al campesinado como sujeto de derechos, el presidente de la ANUC resaltó que es un logro de la lucha de 53 años que llevan los campesinos del país, “a través de muchas movilizaciones”. “Igualmente, hay que reconocer que este Gobierno se comprometió a sacar adelante ese acto legislativo de reforma constitucional y agradecer que al Congreso llegaron parlamentarios que se sienten parte del campesinado. Esto da opción a que se aprobara el proyecto en mención. Para nosotros en sí es un logro, se nos viene encima la construcción de la política pública para que se pueda aplicar en los territorios”, comentó.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir”, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
