La entrega de la indemnización administrativa es una de las cinco medidas contempladas para garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, que además se constituye como su derecho.
Esta medida de reparación económica contribuye al mejoramiento de sus condiciones de vida como la compra o mejoramiento de vivienda, generación de ingresos o el fortalecimiento de algún negocio, así avanzar en sus proyectos de vida, como es el caso de Flor María Restrepo, una de las beneficiadas: “Agradezco en el alma a todas las personas de la Unidad, con este dinero voy arreglar mi casa y voy a montar una tienda de mecatos para que yo lo pueda atender”.
En Magdalena 36.648 personas han sido indemnizadas por vía administrativa y 2.525 por fallos judiciales de la Ley de Justicia y Paz, para un total de 42.217 millones de pesos, por un total de 373 mil 529 millones de pesos.
El espacio contó con el acompañamiento a la inversión adecuada de recursos y la participación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Prosperidad Social, entidades que explicaron a las víctimas las ofertas del Estado.
Durante la jornada, se reitera el llamado a las víctimas del conflicto a hacer caso omiso a videos, mensajes masivos por redes sociales o atender al llamado de personas con listados y datos de personas que aparentemente informan acerca de la entrega de indemnizaciones.
La Unidad para las Víctimas desmiente toda información de fuentes mal intencionadas que ponen en riesgo la vida, la seguridad e integridad de las víctimas y se recalca que los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren de intermediarios.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
